La bancada del Frente Amplio propondrá cambios al proyecto de ley que dispone la internación compulsiva de adictos a las drogas, a estudio de la comisión de Salud Pública del Senado. Todavía no está lista la redacción que sustituirá parte del articulado, pero sí hay cuestionamientos prácticamente generalizados entre los legisladores oficialistas.
El proyecto habilita a brigadas integradas por representantes de distintos ministerios a recorrer las calles en busca de personas que estén consumiendo drogas, que “se presume” que acaban de hacerlo o que porten drogas, y derivarlas a un centro de atención donde no podrán permanecer durante más de 24 horas. Se evaluará para ello si estas personas representan “un riesgo para sí o para terceros”. Luego el juez determinará si deben ser internadas.
La comisión recibió a mediados de julio al secretario de Presidencia, Alberto Breccia, y aún resta que comparezcan la Junta Nacional de Drogas, el Instituto de Derecho Penal, el Ministerio de Salud Pública, el Patronato del Psicópata y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este proyecto recién volverá a abordarse en octubre, luego de que culmine el tratamiento de la Rendición de Cuentas en el Senado.
Los legisladores frenteamplistas que integran el grupo de trabajo conformado especialmente para analizar las medidas en materia de seguridad entienden que debería precisarse mejor cómo se determina lo que es “un riesgo para sí y para terceros” y cómo actuarán las brigadas. “Deben preservarse las garantías individuales”, señaló el diputado socialista Julio Bango. Se evaluó que no podrán incorporarse psiquiatras a las brigadas ya que éstos son “renuentes a deteriorar el futuro vínculo con el paciente”, explicó la senadora Constanza Moreira (Espacio 609). Otro aspecto a precisar es con qué elementos un magistrado decide si la persona debe ser internada. Se entiende que el artículo 4 del proyecto, que dispone el procedimiento de internación, tiene “visos de inconstitucionalidad”.
Moreira señaló que se cuestiona que las brigadas estén habilitadas al traslado compulsivo de la persona a un centro de atención sólo a partir de una presunción, y advirtió que la posesión de drogas para el consumo no está penada por ley, por lo tanto no debería incluirse en el articulado.
Otro aspecto que genera dudas, y que fue señalado por los senadores Luis Gallo (Asamblea Uruguay) y Ernesto Agazzi (MPP) durante la comparecencia de Breccia, es que no hay -según admitió el propio secretario de Presidencia- suficientes instituciones habilitadas para este tipo de internación. Además, se considera que estas disposiciones deberían incluirse de alguna forma en el Sistema Integrado de Salud.
Como alternativa, si bien todavía no hay una definición, se maneja disponer la atención sanitaria de los adictos sólo en caso de riesgo de vida. Para otros casos se entiende que la atención ambulatoria es lo más aconsejable.
Otro proyecto que se modificará será el que crea un fondo de reparación a las víctimas de delitos violentos. Se prevé cambiar el sistema de financiamiento -la iniciativa establece que las empresas aseguradoras deberán tributar 1% de su facturación- e incorporar eventualmente aportes estatales.
Ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que estarán “todos los votos” del FA para aprobar los cuatro proyectos, y acotó que, salvo el de internación compulsiva, los restantes se aprobarán “rápidamente”.