La organización no gubernamental Cotidiano Mujer denunció ayer mediante un comunicado que ha documentado situaciones de vulneración de los derechos de mujeres migrantes en Uruguay. Según la ONG en los últimos meses “se detectó un patrón de comportamiento en perjuicio de mujeres bolivianas” que llegan a trabajar como domésticas. En este marco les resultó “alarmante” la situación de “explotación laboral” que sufrían trabajadoras procedentes de Bolivia en una residencia en Carrasco, que fue denunciada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y que culminó con el allanamiento de la residencia el 2 de agosto, ante la negativa de los propietarios a aceptar la inspección laboral.
El comunicado establece que los dueños de la finca son Natalia Manhard y Javier Fernández, que están “vinculados a empresas de significativa relevancia en el país como Chic Parisien y Fripur”, y que tanto en esa casa como “en la de sus padres” se registra “una permanente rotación de las trabajadoras domésticas bolivianas”, agregando que en un año “pasaron al menos diez trabajadoras”.
Valeria España, de Cotidiano Mujer, dijo que en la casa había cuatro trabajadoras y que el MTSS impuso un plazo para que se regularice la situación laboral. Sin embargo, también les “preocupa” la situación de las mujeres que fueron despedidas con anterioridad, ya que “muchas fueron obligadas a trasladarse de regreso a Bolivia” por los empleadores.
España confirmó que la ONG detectó el mismo tránsito de mujeres en el domicilio de los padres de Manhard y en una casa de Punta del Este que pertenece a la pareja de empresarios, también conocidos públicamente porque años atrás se dedicaban a correr rally a nivel internacional. Javier Fernández es hijo de Alberto Fernández, dueño de la firma pesquera Fripur, uno de los empresarios que pagaron 15.000 dólares para financiar el acto de asunción de José Mujica, además de regalarle la banda presidencial que el mandatario usó ese día.
Según Cotidiano Mujer estas mujeres que trabajan “cama adentro” deben estar al servicio de sus patrones por “tiempo completo” en jornadas de 12 o 13 horas por día. Llegan a Uruguay “con una promesa de trabajo” y la condición de irregularidad es un pretexto “para vulnerar sus derechos”. El comunicado finaliza saludando las acciones de la Inspección de Trabajo y expresando que se considera imprescindible “que estos hechos no queden impunes”.