“Puede sentar un precedente en el uso de agroquímicos, pero en realidad la salud es el norte de este juicio”, dijo el fiscal Carlos Matheu, a cargo de la causa Barrio Ituzaingó Anexo. Se juzga la responsabilidad de los dueños de un predio y de un piloto que se encargaba de las fumigaciones en las cercanías de las viviendas, cuyos habitantes sufren graves problemas de salud. El fiscal añadió, en declaraciones a la BBC y al diario argentino Página 12, que la Justicia investiga “si hay una relación entre los agroquímicos y las muertes y problemas de salud” en ese barrio.
Los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, dueños de un predio cercano a esas viviendas, y el piloto de la avioneta fumigadora Edgardo Jorge Pancello son los tres imputados en este caso de contaminación ambiental. Una de las acusaciones en su contra los responsabiliza de “contaminación dolosa”, según una ley que prevé entre tres y diez años de cárcel por ese delito. Además, su responsabilidad podría.
En 2011, un estudio de sangre que se realizó a 140 niños del barrio determinó que 80% de ellos tenía algún agrotóxico. En 2005, otro estudio aplicado en 30 niños arrojó que nueve de cada diez tenían un agrotóxico en la sangre, dijo a ese diario una integrante de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo (MBIA), María Godoy. Ese grupo de mujeres se dio cuenta, en 2001, de un aumento de las enfermedades producidas por la contaminación en su barrio.
El juicio unifica dos demandas presentadas en 2004 y 2008, la primera por una integrante de MBIA y la segunda por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba. Este último, Medardo Ávila Vázquez, es ahora un referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Se presume que los acusados siguieron aplicando agrotóxicos después de que la Intendencia de Córdoba declarara al barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria. Los imputados niegan también la acusación de haber violado la ley provincial que prohíbe fumigar con endosulfán a menos de 1.500 metros y con glifosato a menos de 500 metros alrededor de viviendas.
El juicio empezó en junio y el martes comienzan los alegatos finales. Con motivo de esta causa, investigadores en bioética de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica de Córdoba enviaron al diario argentino La Voz del Interior un texto con su opinión sobre “los problemas” del “modelo actual de producción de alimentos, sus consecuencias sociales y sanitarias, y las responsabilidades de los diversos actores sociales”. Para los universitarios, el Estado “y todos los actores sociales” deben “estar a la altura” del “derecho a la salud y a un ambiente sano” porque son “derechos humanos” y hay que adecuar las legislaciones, la jurisprudencia y las políticas “a las garantías requeridas” para respetarlos.
También pidieron “comenzar a actuar” al respecto, para lo que “exigen” que “toda la información sea hecha pública, que las instituciones de la sociedad civil y política se pronuncien [...], que se utilicen las mejores herramientas del conocimiento humano para abordar sus consecuencias, y que se reconozcan los límites que deben ser impuestos, generando alternativas para el sostén de la vida humana y de los ecosistemas”.
En el mismo medio, el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel publicó una columna de opinión, en la que denunció: “El Plan Estratégico Agroalimentario, presentado recientemente por el gobierno nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la producción granaria un 60%. Esto es, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a 160 millones para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios: desmontes, uso de agrotóxicos, conflictos territoriales y desalojos son las consecuencias más predecibles”.
Argentina dispuso el año pasado la prohibición, a partir de julio de 2012, de la importación de uno de los agrotóxicos que contaminó el barrio de Córdoba, el endosulfán, y el año que viene ya no se podrá usar en el país, algo que desde diciembre ya no se puede hacer en Uruguay, como en otros muchos países. La fiscalía ya adelantó que pretende usar una eventual sentencia para que se modifiquen otras normas sobre productos tóxicos.