“La situación [...] es de plena normalidad” en Paraguay, dijo ayer el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, antes de que comenzara una nueva reunión extraordinaria de la organización para adoptar una postura común ante la situación que atraviesa Paraguay a partir de la destitución de Fernando Lugo. Tanto el Mercosur como la Unasur suspendieron a Paraguay, al menos hasta las próximas elecciones, que fueron fijadas para el 21 de abril. Pero en la OEA, la decisión sobre Paraguay se ha postergado, y la de ayer fue la sexta reunión extraordinaria para tratar el tema sin llegar a un acuerdo.
México, con el respaldo de Estados Unidos y varios países centroamericanos, propuso emitir una “declaración de apoyo” a la iniciativa de Insulza de enviar una misión a Paraguay. Esa declaración sería un respaldo implícito a la visión de Insulza de que la situación es de “plena normalidad”.
A esta opción se opuso la mayoría de los países de la Unasur. Sus representantes señalaron que en Paraguay “hubo una ruptura del orden democrático” y recordaron que el organismo sudamericano suspendió a ese país, al igual que el Mercosur, aunque no pidieron expresamente que la OEA tome una decisión similar.
Finalmente, Insulza aprobó -en su calidad de secretario general- el envío de una misión que llegará a Paraguay el lunes. En declaraciones a la emisora 780 AM, el representante de Paraguay en la OEA, Hugo Saguier, dijo que la falta de consenso es “una victoria” para su país y aseguró que de los 34 países miembro, 26 apoyan la postura de Insulza y rechazan las sanciones a Paraguay, frente a ocho países que las impulsan.
La misión de la OEA se quedaría en Paraguay hasta la celebración de las elecciones, tal como pidió el Tribunal Electoral de ese país. Para esos comicios no habría observadores del Mercosur o de la Unasur, según adelantó Saguier. “Hemos sido echados y suspendidos de esos organismos sin siquiera tener derecho a la defensa. Es difícil, casi imposible, que podamos invitarlos”, manifestó en la reunión de la OEA.
Quienes no pidieron permiso ni invitación fueron las 30 organizaciones y movimientos sociales y pastorales que conformaron en junio la Plataforma por la Democracia y que ayer comenzaron un “juicio ético” al Congreso. Pretenden reunir denuncias civiles en su contra por el cuestionado juicio político que destituyó a Lugo el 22 de junio y por otras prácticas como el uso indebido de influencias políticas.
Las organizaciones reivindicaron el juicio ético como herramienta para el monitoreo y control ciudadano sobre los órganos de poder público. El tribunal a cargo de instrumentarlo estará integrado por un ex juez de la Corte Suprema, Luis Lezcano Claude, dos doctores en historia, una politóloga, un sacerdote jesuita que también es lingüista, y un abogado defensor de derechos humanos.
Al mismo tiempo se siguen conociendo las conclusiones del Foro Social Paraguay Resiste, celebrado el 14 y el 15 de agosto. Allí se calificó la destitución de Lugo como un “golpe capitalista”, dado por partidos políticos que son “representantes indiscutibles de la oligarquía entreguista” de los recursos paraguayos a empresas multinacionales. Señalaron que el proyecto de Río Tinto Alcán -para la extracción de aluminio- y la importación de las semillas transgénicas para algodón y soja de la transnacional Monsanto, eran dos de las grandes iniciativas privadas que “necesitaban de un cambio en el poder institucional”. También apuntaron a los terratenientes y afirmaron que éstos también tuvieron avances con el gobierno de Franco.
Justamente ayer, el gobierno dispuso el desalojo de 137 familias que vivían desde hace un año en un asentamiento en tierras de un hacendado. Se desplegaron 700 policías que llegaron en la madrugada con carros lanzaagua para desalojar violentamente a los campesinos y quemar las viviendas que habían construido, según contaron los residentes al periódico del Sindicato de Periodistas del Paraguay E’a. El gobierno informó que el asentamiento estaba sobre un terreno que será expropiado para adjudicarlo a campesinos sin tierra.