Ayer finalizó la primera parte del juicio del mensalão y los magistrados del Supremo Tribunal Federal declararon culpables de malversación, corrupción y lavado de dinero a cinco de los 38 acusados. Se trata de João Paulo Cunha, diputado del Partido de los Trabajadores y candidato a alcalde de la ciudad de Osasco para las elecciones municipales del 7 de octubre; el dueño de una empresa de propaganda, Marcos Valério y dos de sus socios; y el ex director del estatal Banco de Brasil, Henrique Pizzolato. En cambio, fue absuelto el ex ministro de Información Luiz Guishiken, quien estaba acusado de malversación de fondos.
Para los magistrados, las pruebas demuestran que cuando Cunha era presidente de la Cámara de Diputados recibió unos 25.000 dólares no declarados para favorecer a la agencia de publicidad de Valério en una licitación para una campaña del Congreso. Además, la denuncia señala que Cunha permitió a la agencia desviar medio millón de dólares del contrato para hacer subcontrataciones.
Por su parte, Pizzolato es responsabilizado de haber recibido un soborno para favorecer a otra empresa de Valério.
El juez Cézar Peluzo adelantó sus sugerencias para las condenas de los culpables, ya que el lunes se jubila y dejará de participar en el proceso. Recomendó condenar a Valério a 16 años de prisión, a diez y ocho años a cada uno de sus socios, a Pizzolato a dos años y medio y a Cunha a seis años de cárcel.
Los jueces dividieron el juicio en siete capítulos y ayer, con el voto de los 11 magistrados -otra jueza que integra la corte pidió votar al final del proceso-, se cerró el primero de ellos, relacionado con el desvío de dinero público de la Cámara de Diputados y del Banco de Brasil.
El abogado defensor de Cunha, Alberto Zacharias Toron, aseguró que los votos para la culpabilidad están mal fundamentados porque si bien hay pruebas de que su cliente recibió el dinero, no está demostrado que haya beneficiado a la empresa de Valério, que fue la que ganó la licitación, que según los magistrados fue manipulada.
A partir de ahora los magistrados entrarán de lleno a la investigación sobre la presunta creación de una cuadrilla para delinquir, que según las denuncias fue liderada por el ex ministro de Presidencia de Luis Inácio Lula da Silva, José Dirceu. Este último y el entonces presidente del Partido de los Trabajadores, José Genoino, vinculado a la misma acusación, son los sospechosos más cercanos a Lula y cuya culpabilidad podría golpear más al partido de gobierno.
Se estima que el proceso en el Supremo terminará en setiembre, cuando se darán a conocer las condenas. Hasta ese entonces los magistrados pueden cambiar sus recomendaciones de penas, aunque se considera poco probable que esto suceda.
Si se ratifica el fallo contra Cunha, deberá ser votado en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara, que decidirá si cesar o mantener al diputado en el cargo. Luego deberá pronunciarse el plenario de la Cámara. Cuando termine el proceso en el Supremo comenzará un período en el que los abogados defensores y los magistrados deben ultimar detalles y se pueden presentar los distintos recursos, que pueden concluir en ratificaciones o revisiones de los casos.