Ayer de tarde los integrantes del Consejo de Ministros aprobaron el proyecto que habilita al Estado a la producción y comercialización de marihuana. Por la noche el texto fue enviado al Parlamento, por lo que el proyecto podrá comenzar a ser tratado en la Comisión Especial de Drogas y Adicciones de la Cámara de Representantes. Allí se intentará anexarlo a la iniciativa que busca habilitar el autocultivo de hasta ocho plantas de marihuana por hogar.
El proyecto cuenta con un solo artículo de tres incisos, en el que establece que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”. Agrega que el Estado “ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior, para la ejecución de las actividades referidas en el inciso anterior, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”. Por último, se explicita que estas actividades deberán realizarse “exclusivamente en el marco de una política de reducción de daños que, asimismo, alerte a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana” y a los “únicos efectos de una minimización de riesgos y daños de la población potencialmente consumidora”.
La exposición de motivos, de 12 carillas, plantea la necesidad de revisar, modificar y mejorar la Convención Única de Estupefacientes, de 1961. Afirma que los mercados de drogas ilegales, dominados por el crimen organizado, han crecido “de modo espectacular” y, sin embargo, “la mayoría de los organismos políticos a nivel nacional e internacional han tendido a evitar un examen o debate abierto en cuanto a alternativas”, sabiendo que “las actuales políticas no están alcanzando sus objetivos”. Si bien se afirma que Uruguay “se ha destacado internacionalmente en su lucha contra el consumo de drogas legales e ilegales”, se resalta también “el fracaso estrepitoso de la estrategia internacional”.
En ese marco, se describe que el consumo de drogas y sus “pésimas consecuencias” se han expandido, que las incautaciones logradas son “irrisorias” al compararlas con el “tamaño” de los diversos mercados, que se ha puesto la “puntería” sobre la oferta de drogas y “casi se ha abandonado la acción sobre la demanda” y que el negocio prohibido ha dado lugar a una “reserva de mercado” que es “monopolio para las actividades criminales”, al punto de que se llega a establecer conexiones del narcotráfico con el sistema financiero, la venta ilegal de armas, políticos, periodistas, jueces, militares “y hasta lograr imponer presidentes en campañas electorales”.
Se sostiene en cambio que la estrategia que se plantea “no comparte los enfoques prohibicionistas y la concepción de ‘guerra a las drogas’” que han sido cuestionados por su “ineficacia” e “ineficiencia”. En cambio, se fundamenta en “separar el mercado de la marihuana del de otras drogas” para reducir “el número de nuevos ingresos de personas al mercado de sustancias toxicológicamente más riesgosas”. Entre los objetivos se menciona “profundizar” el desarrollo y la diversificación del sistema nacional de atención a las personas con problemas de drogas, arrebatarle al narcotráfico un negocio que, según “estimaciones primarias, se encuentra entre los 30 y 40 millones de dólares anuales” y “la normalización e inclusión social plena del uso de marihuana, de forma que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal”. En la exposición de motivos se enumeran los distintos caminos tomados por Holanda, Australia, provincias de España y 17 estados de Estados Unidos.
“Es cierto que quedan cosas para que la reglamentación ordene, pero esto es una cosa muy relevante, el meollo del tema va a estar en este artículo”, consideró el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
En la mañana de ayer, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, admitió que “el proyecto tendría que haber estado el lunes”, pero no pudo enviarse por un problema de “falta de firmas”, ya que algunos ministros se habían tomado licencia.
Con reparos
Por su parte, el lunes, en la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores, el representante de UNICEF Uruguay, Egidio Crotti, dijo tener “algunos reparos” con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece penas mínimas de un año de detención para los adolescentes de entre 15 y 18 años que cometan delitos calificados como “gravísimos”, y habilita al juez a convocar a los responsables legales para determinar “su responsabilidad en los hechos”. Según dijo, la propuesta que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia “no respeta el principio de proporcionalidad, porque en la batería de delitos gravísimos [a los cuales se les aplica la pena mínima de un año de privación de libertad] no aparece el homicidio simple y sí la tentativa de rapiña”. “Espero que no se envíe a la sociedad el mensaje de que el bien jurídico más importante es la propiedad y no la vida humana”, agregó. También cuestionó que se equiparen hechos consumados con tentativos, como lo hace el proyecto con la rapiña y la tentativa de rapiña. Crotti manifestó además su preocupación por que la abreviación de los procesos no se transforme en una “ausencia de garantías”.
Por otra parte, dijo que es “bastante confusa” la propuesta respecto de la “responsabilidad que se quiere atribuir a los padres”, ya que “si ellos son cómplices no hay necesidad de hacer ningún agregado”. Además, dijo creer que el Código Penal “prevé el caso de padres que tienen una omisión de sus deberes familiares o son negligentes”. Por último, se manifestó de acuerdo en que exista un mínimo de tiempo en el caso de que se aplique la privación de libertad, pero dijo que es necesario que en algunos casos “pueda no aplicarse”, si el juez analiza “no solamente la gravedad del delito, sino también las atenuantes de la circunstancia”.