En el encuentro realizado en la Torre Ejecutiva participaron autoridades de los ministerios de Industria, Economía y Vivienda, y los integrantes de la comisión multipartidaria que estuvo analizando el tema en 2011: los diputados José Carlos Cardoso (Partido Nacional), Walter Verry (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente). Esa comisión se había expedido sobre la necesidad de una norma que legislara la MGP y que definiera una participación importante del Estado en las rentas generadas por esa actividad.
El texto distribuido ayer dispone que los proyectos de MGP deberán contar con un estudio de impacto ambiental completo y auditado internacionalmente y que deberá celebrarse una audiencia pública previa. En caso de que su titularidad esté en manos de una sociedad anónima, ésta deberá emitir acciones nominativas. Junto con la información ambiental, la empresa deberá entregar un plan de cierre de la actividad minera, que incluya medidas de reacondicionamiento del suelo y de compensación de los impactos ambientales negativos.
A ponerse
El texto del proyecto que será enviado al Parlamento crea un adicional del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que será aplicable a la MGP. Para ello se considerará como renta minera la diferencia entre el ingreso y el costo de producción. Los precios de referencia se fijarán mensualmente en función del mercado internacional. El canon que las empresas mineras deben abonar al Estado según la última reforma del Código de Minería (de 5%) no será considerado como costo de producción a los efectos del cálculo de la renta.
Qué es
Para ser considerado minería de gran porte, un proyecto debe ocupar una superficie superior a 400 hectáreas o tener una inversión inicial superior a 830 millones de unidades indexadas (aproximadamente 100 millones de dólares). Se califican como casos especiales y se incluyen también dentro de MGP los proyectos que usen sustancias o productos químicos peligrosos, requieran un consumo de energía anual mayor a 500 GWh o produzcan drenaje ácido.
El adicional se aplicará mediante una tasa progresiva en función de la renta, con un tope que se fija en aproximadamente 50% de las ganancias de la empresa. El canon se computará dentro del adicional.
Con 70% del dinero que se extraiga del impuesto y del canon de producción se creará un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII) administrado por el Banco Central. Del restante 30%, 65% se destinará a financiar proyectos productivos, de infraestructura y ambientales “que contribuyan al desarrollo sustentable nacional”, 30% se destinará a un Fondo de Desarrollo del Interior para el financiamiento de inversiones en infraestructura, vivienda y obra social en las zonas geográficas de influencia de la ejecución de los proyectos de MGP y 5% a fortalecer las capacidades técnicas de los organismos estatales de control y seguimiento de los proyectos de MGP.
Los recursos del FSII podrán invertirse en depósitos o en valores emitidos por el Estado o por privados, entre otros instrumentos; el objetivo es “maximizar su retorno social de largo plazo” según consta en el proyecto. También podrán destinarse a proyectos de investigación y desarrollo, incorporación de tecnología en la educación pública y proyectos de adaptación y mitigación del impacto del cambio climático. Podrán utilizarse asimismo para cancelar endeudamiento externo, previo informe favorable del Ministerio de Economía.
Todo proyecto de MGP tendrá asociada una comisión de seguimiento integrada por la comunidad local. Además se conformará un Consejo Sectorial Minero integrado por empresarios, trabajadores y técnicos del sector público que deberá proponer acciones para la cadena productiva del sector minero.
La oposición analizará en detalle el texto, pero la postura de los tres partidos es que si el proyecto responde a los acuerdos de la multipartidaria, darán su apoyo. Cardoso señaló que en el aspecto económico, el texto entregado ayer “recoge totalmente el acuerdo”.