La respuesta del gobierno argentino a la exigencia de su par uruguayo de publicar los informes de monitoreo de UPM y de la desembocadura del río Gualeguaychú demoró menos de 24 horas. Argentina recibió con “beneplácito la aceptación” de Uruguay de hacer públicos los informes, dando a entender que el gobierno de José Mujica se oponía a su difusión. El comunicado de la cancillería argentina señala que “en homenaje a la transparencia”, hace público el informe que la delegación de ese país en CARU preparó para el canciller Héctor Timerman.
En ese informe se señala que los resultados del monitoreo no han podido publicarse porque ambas partes no se han puesto de acuerdo respecto a la temperatura a la que UPM puede volcar sus efluentes, porque hubo “inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense” que analizaba las muestras y por la “permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta de UPM”.
Irregularidades según Argentina
Dilución de efluentes. En octubre de 2010 se detectó que UPM diluía sus efluentes con agua del río Uruguay antes de verterlos nuevamente al río. Esto está prohibido por la normativa uruguaya y no está contemplado en la autorización ambiental otorgada por Dinama.
Exceso de fósforo. En agosto de 2011 se verificó que la cantidad de fósforo que vuelca UPM superó el valor máximo permitido por la normativa uruguaya. La Dinama “no ha adoptado aún medidas correctivas al respecto”, denuncia la cancillería del vecino país.
Vuelco de líquido sin tratamiento previo. En noviembre de 2011 se constató que de la pileta de pluviales Nº 4 del predio de UPM “se estaba volcando gran cantidad de líquido directamente a la costa del Río Uruguay, sin ningún tipo de tratamiento previo”. Este líquido poseía “altos índices de pH, muy por encima del estándar exigido” por el digesto y por la legislación uruguaya.
A continuación, Argentina enumera irregularidades que a su entender se produjeron en el proceso de producción de UPM (ver recuadro). Uno de los aspectos más cuestionados es la decisión unilateral de elevar a 37 grados la temperatura de vuelco de efluentes, comunicada por Uruguay en la CARU en abril de 2011. Argentina considera que es contraria al Estatuto del Río Uruguay, al Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, a la normativa interna uruguaya, a lo ordenado por la CIJ, así como a lo acordado por ambos países. Entiende que la temperatura de vuelco no puede superar las “condiciones naturales del Río Uruguay” -de 20 grados- como establece el mencionado digesto, y que Uruguay debió haber consultado a la CARU “sobre la pertinencia de alterar un aspecto sustantivo del funcionamiento de la planta”.
Respecto al laboratorio canadiense AGAT, que analizaba las muestras, Argentina informa que se detectó una serie de inconsistencias en los análisis de las primeras muestras, lo que motivó que ambas delegaciones acordaran remitir las muestras a otro laboratorio. Por esto, entiende Argentina, las conclusiones del laboratorio canadiense -que hasta el momento no se han hecho públicas- son “absolutamente inadmisibles”.
En el debe
El gobierno argentino asegura que una “serie de inacciones, omisiones e indefiniciones” por parte de la delegación uruguaya ante la CARU han impedido completar los planes de monitoreo. Denuncia que el instrumento para medir el caudal de los efluentes recién pudo instalarse luego de un reclamo formal de la delegación argentina en junio de 2012; que todavía no se ha podido adquirir, “a pesar del reclamo efectuado por la delegación argentina”, un instrumento para medir contaminantes descargados al río Uruguay; que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se ha negado a permitir el acceso a determinados sectores de la planta; y que Uruguay se ha negado a instalar un equipo de medición de la calidad de las aguas del río Uruguay cerca del caño emisor de UPM.
La cancillería argentina advierte finalmente que la planta de UPM supera el límite de un millón de toneladas de producción anual admitido por el gobierno uruguayo en la autorización ambiental otorgada a la pastera. Recuerda que ése fue el límite que analizó la CIJ para emitir su fallo. En 2010 y 2011 UPM superó en casi 100 mil toneladas ese límite y esto “incrementa la contaminación”, sostiene el comunicado.
En marzo de 2012, la delegación uruguaya planteó en CARU la solicitud de UPM de ampliar su producción. El gobierno argentino concluyó que la documentación aportada por Uruguay a esos efectos era “incompleta” y hasta hoy no se ha proporcionado la documentación faltante.
En el molde
Uruguay no responderá por el momento. Una fuente de la CARU aseguró a la diaria que tiene “una respuesta para cada punto” y que Argentina da “una versión parcializada”. Una fuente de cancillería evaluó que el comunicado de Argentina “parece despejar el camino para la publicación del monitoreo”. Por tanto, Uruguay aguardará a la próxima reunión de la CARU, a fines de setiembre, para ver si se concreta la difusión de los resultados. Argentina aseguró en el comunicado que “está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya” a tales efectos.
El canciller Luis Almagro dijo ayer que Uruguay no puede publicar su versión de los hechos, ya que existe un acuerdo entre ambos países para que los informes sean “de común acuerdo”. El presidente José Mujica también se refirió al tema, en declaraciones a El Observador: “Somos partidarios de que se publique todo como está y listo”, dijo, y considero que en el tema “estamos empantanados”.