Un grupo de trabajo de diputados del Frente Amplio (FA) que integran la Comisión Especial de Adicciones impulsará cambios al proyecto que el Poder Ejecutivo elaboró para regular la comercialización de marihuana, y que fue enviado al Parlamento el 8 de agosto.
La mayoría de esas modificaciones a la iniciativa del gobierno ya estaban incluidas en otro proyecto de ley, presentado a mediados de 2011 en la Cámara de Representantes con la firma de diputados frenteamplistas, el independiente Daniel Radío y el colorado Fernando Amado.
El diputado Sebastián Sabini (Movimiento de Participación Popular) explicó ayer a la diaria que la posibilidad de articular ambos documentos cuenta con el aval de Presidencia de la República, al punto de que el prosecretario Diego Cánepa ya manejó esa alternativa en su última visita a la Comisión Especial de Adicciones.
La habilitación al autocultivo de marihuana y la creación de los clubes de cannabis son temas que la bancada del FA pretende incluir en el articulado del proyecto enviado por Presidencia, que pretendía, mediante un único artículo, establecer que el Estado asuma el control y la regulación de todas las actividades de “almacenamiento, comercialización y distribución” de marihuana y sus derivados.
Ahora, los diputados oficialistas intentarán que otros aspectos que dependían de la reglamentación de la ley sean incluidos directamente en el articulado. Uno de ellos tiene que ver con la creación del registro de consumidores, una idea que manejó el Ejecutivo cuando presentó su proyecto.
“Ésa sería una de las innovaciones importantes; en caso de que haya registro para actividades preparatorias al consumo como el autocultivo, debería ser tomado como un dato sensible y protegido, amparado en la ley de hábeas data. Queremos que sea un dato personal e intransferible, que la institución que recibe ese dato no pueda hacerlo público”, argumentó el diputado Sabini.
Eso porque algunos consumidores podrían verse afectados a nivel personal o profesional al momento de comprar en el sistema legal o de tener plantas. “Que sea un dato público puede ir en contra de que la persona ingrese al sistema regulado, podría ser un desincentivo y acá se trata de proteger un acto personal y privado”, agregó Sabini, quien recordó además que el Estado no controla otras actividades privadas como el consumo de alcohol o de tabaco.
Hasta el momento, en la órbita del gobierno se ha fundamentado sobre la necesidad de establecer un sistema de registros a partir de tres niveles. En el caso de los compradores de cannabis producidos por el Estado, el sentido del registro sería para satisfacer con cierta exactitud las demandas de los consumidores uruguayos y evitar que ese cannabis termine en el exterior. Los otros dos “niveles” de registro, explicó Sabini, deberían ser considerados “datos sensibles y protegidos”, y abarcarían a los autocultivadores y a los integrantes de los clubes cannábicos.
Por otra parte, la bancada del FA quiere agregar en el articulado del proyecto la regulación en cuanto al humo de cannabis y los espacios públicos (equipararla con la legislación vigente para el tabaco); establecer sanciones en caso de actividades como el manejo de vehículos; reglamentar la producción de telas, hilos y aceites con cáñamo de uso no psicotrópico; y la posibilidad de producir medicamentos a partir del cannabis psicotrópico (en el anterior proyecto se preveía el uso médico, pero no la producción).
Además, se insistirá con la necesidad de conformar una comisión en la órbita de la Junta Nacional de Drogas que desarrolle políticas de prevención, educación y formación en el sistema educativo.
“Estamos discutiendo si encomendamos al propio Sistema Nacional de Educación Pública y al Ministerio de Educación y Cultura la concreción de políticas de reducción de daños y riesgos en el sistema educativo. Sería diferente a una comisión, sería encomendarle al sistema educativo la tarea de impulsar políticas sistemáticas de reducción de daños en materia de drogas, tanto legales como ilegales”, adelantó Sabini. Estas posibles modificaciones serán analizadas el 4 de octubre, cuando las autoridades de la JND concurran a la comisión especial del Parlamento.