El Poder Ejecutivo tiene previsto asignar hasta seis canales de televisión digital comercial. Tres de ellos serían para los actuales operadores -en caso de que decidan presentarse y cumplan con los requisitos- y los otros tres podrían asignarse a nuevos permisarios. El llamado no se ha podido abrir porque no se puede asegurar que dos de los seis canales a asignar puedan emitir sin interferencias, explicó a la diaria una fuente del Ejecutivo. Esto es así sobre todo por las emisiones de televisión digital de Argentina.
Si bien el año pasado ambos países coordinaron el uso del espectro en las zonas de frontera, subsiste riesgo de interferencias con la programación de Argentina. El vecino país proyecta la construcción de una Torre Única de Comunicaciones del Área Metropolitana (TUC) en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Este edificio funcionará como plataforma para las emisiones de televisión digital, y según lo anunciado por las autoridades del gobierno de Cristina Fernández será el más alto de toda América del Sur, con 360 metros y 47 pisos. El ministro de Planificación, Julio de Vido, se refirió en este contexto a Avellaneda como la “capital nacional de la televisión digital”, y no está claro cómo afectará esta fuente de emisiones a las transmisiones en Uruguay.
El decreto emitido en mayo por el Poder Ejecutivo definió que los canales 21 al 36 y 38 al 41 se utilizarán para la televisión digital. Lo acordado en 2011 es que Argentina no utilizará los canales 27 al 30. Pero a partir del 31, si del otro lado del río “ponen potencias desmesuradas”, se podría afectar la calidad de las emisiones en Uruguay, dijo a la diaria otra fuente del Ejecutivo. En estos días, el gobierno está dialogando con su par argentino en busca de garantizar que no se produzcan interferencias. En caso de que no se llegue a una solución rápida, igual se prevé realizar el llamado a principios de octubre, eventualmente sin especificar qué canales se asignarían a los nuevos operadores.
Consultado al respecto por la diaria, el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Gabriel Lombide, remarcó que “no hay problemas con Argentina”, sino que “se está evaluando la mejor forma” de asignar las frecuencias. Recordó que existe coordinación con el vecino país para que no haya interferencias en la frontera.
En medio de la discusión
En tanto, el FA inició formalmente la semana pasada el debate sobre medios de comunicación, y específicamente sobre la ley de SCA que proyecta el gobierno. El proyecto todavía no tiene una redacción final y continúa a estudio de las autoridades del MIEM. La intención de la cartera era concluir el proceso relativo a televisión digital -sobre todo con la concreción del llamado al sector comercial- para después enviar el texto de la SCA a Presidencia. No obstante, los tiempos para el debate parlamentario del proyecto se acortan; a juicio de las autoridades sería ideal que el texto ingresara al trámite legislativo este año, para evitar que la discusión se “contamine” por la campaña electoral.
La Mesa Política del FA resolvió el viernes colocar la ley SCA en la “agenda de prioridades” de la coalición, propiciar un debate a la interna sobre el tema y crear un equipo de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo, parlamentarios y dirigentes del FA para organizar encuentros regionales y departamentales, así como preparar una campaña de difusión pública sobre la necesidad de aprobar la ley SCA.
El jueves, Mónica Xavier se reunió con los presidentes de las departamentales del FA para tratar este tema. A propuesta de las departamentales, al día siguiente se debatió el asunto en la Mesa Política.
En ambas instancias se manejó un documento elaborado por el MIEM que contiene los lineamientos generales del proyecto; este texto ya había sido presentado por las autoridades de la cartera a legisladores frenteamplistas.
El documento señala como objetivos de la ley “proteger y garantizar la libertad de expresión”, “promover y garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios”, “dar certezas jurídicas a los operadores” y “proteger los derechos de las personas ante los medios”. Aclara que no busca controlar los medios, ni intervenir en su línea editorial o condicionar de cualquier forma la información u opiniones que éstos brindan, ni tampoco abordar la cuestión de la calidad.
Además de reservar al menos un tercio de las frecuencias al sector comunitario y de procurar controles efectivos a la concentración de medios -combatiendo el uso de testaferros y las transferencias ilegales-, el proyecto buscará fortalecer los medios del interior y promover la producción nacional e independiente. Se exigirá un mínimo de programación local a las repetidoras y se garantizará la transparencia respecto a la propiedad y titularidad real de los medios de comunicación, que hoy sólo puede conocerse -y parcialmente- a partir de investigaciones especializadas.