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Malestar de defensores de los Derechos Humanos por decisión del ministro de Defensa.

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“Realmente no podemos creer esta decisión de [el ministro de Defensa, Eleuterio] Fernández Huidobro. Es algo que entorpece la causa judicial y que limita la función de un poder independiente del Estado. Pareciera que el ministro no entiende estas cosas”, dijo anoche en diálogo con la diaria el abogado Federico Álvarez Petraglia, patrocinante de una denuncia por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, presentada por el periodista Rodolfo Porley.

Álvarez Petraglia expresaba así su molestia a raíz de un episodio registrado ayer a las 14.00 en el Batallón de Infantería Nº 13, donde funcionó el centro de torturas conocido como “Infierno Grande” o “300 Carlos”. Hasta ese lugar, ubicado en Avenida de las Instrucciones y Casavalle, llegaron con el propósito de hacer una inspección ocular la fiscal Ana María Tellechea, la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, los denunciantes con sus abogados y seis funcionarios del Ministerio del Interior. También concurrieron, en calidad de testigos y citados por la Justicia, seis ex presos políticos del Partido Comunista que estuvieron en el “Infierno Grande”: Martha Valentini, Beatriz Weisman, Mario Ítalo Moreni, Albert Moreira, Dari Mendiondo y Clarel de los Santos.

Unos minutos antes de empezar la inspección ocular, la jueza Mota habló con un coronel para informarle que se iban a tomar fotos. El coronel se comunicó con un general y poco después llegó la noticia. “Nos explicaron que tras una consulta que se hizo desde el comando del Servicio de Materiales y Armamentos del Ejército directamente con el ministro Fernández Huidobro habría ordenado que no se podía sacar fotos”, explicó Álvarez Petraglia a la diaria.

Según el abogado, las razones esgrimidas para impedir el ingreso de los equipos les resultaron poco creíbles.“Nos dijeron un verdadero disparate: que supuestamente habría en ese lugar armamento secreto. Lo único que vimos cuando entramos eran máquinas en desuso”, agregó Álvarez Petraglia. La inspección se pudo realizar y la jueza Mota, además de escuchar los testimonios de los seis ex presos, dispuso que los funcionarios de Policía Técnica hicieran un croquis del lugar.

“Para nosotros sacar fotos era importante. Por ejemplo, todos los que estuvieron en el 300 Carlos relataron que había un primer piso dentro del barracón al que se subía por una escalera de 17 escalones, que está hasta hoy. Esos testimonios coincidieron, pero en el marco de la causa es importante documentarlo. Las inspecciones oculares siempre requieren las imágenes de la pericia técnica”, detalló el abogado, quien insistirá para que eso pueda concretarse. Desde el Ministerio de Defensa se explicó a la diaria que se impidió fotografiar porque “la orden judicial sólo se refería a una inspección ocular”. La fuente consultada agregó que hoy se recibirá un informe escrito sobre lo sucedido.

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