Tanto Erdogan como su asesor jefe, Yalçin Akdogan, confirmaron en los últimos días de 2012 la noticia que el diario turco Hürriyet había adelantado días antes. Como el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK por sus iniciales en kurdo) tiene sus actividades (detenidas en parte) por el crudo invierno en el sureste turco, esta especie de tregua zafral fue aprovechada para relanzar las negociaciones de paz, informó el periódico.
Hürriyet también indicó que el PKK podría anunciar el fin de la lucha armada en los próximos meses, posibilidad descartada por Akdogan: “Seamos realistas: hacemos un gran esfuerzo, es un trabajo muy serio, pero no creo que sea correcto decir que habrá resultados dentro de tres o cinco meses”. El asesor del primer ministro agregó: “Nuestro fin no es que las armas callen, sino que se abandonen”.
Aseguró que durante 2012, 1.450 miembros del PKK fueron “neutralizados” -muertos en combate o arrestados- y que ese año trajo una “grave derrota” al PKK, que lo había anunciado como el año de la victoria. A su vez, hubo unas 500 bajas entre los kurdos y unas 140 en el Ejército turco.
Pero también ha sido un año de alerta para el gobierno de Turquía, en especial por la intensificación del enfrentamiento en Siria. Un triunfo de la oposición armada abriría la puerta a la formación de una región kurda en ese país, que se sumaría a la que está en el Kurdistán iraquí, que ya consiguió su autonomía del gobierno central.
Erdogan señaló que él no participó en las reuniones pero que sí lo hicieron “agentes del Estado”. Agregó: “Las reuniones continúan porque debemos conseguir algún resultado. Mientras veamos una posibilidad, continuaremos dando pasos. Si no la vemos, entonces nos detendremos”.
En el marco de esas conversaciones Öcalan habría pedido ponerse en contacto con el PKK y mejores condiciones de reclusión, pero parece poco probable que se le concedan esas peticiones. Akdogan señaló que si bien Öcalan es una pieza fundamental para lograr la paz, la clave está en los militantes del PKK y en la comunidad kurda en general.
Poner fin a este conflicto sería un gran éxito para Erdogan, cuyo Partido de la Justicia y el Desarrollo enfrenta dos elecciones fundamentales en los próximos dos años: las presidenciales -en las que se prevé que sea candidato- y las locales.
Sin embargo, el punto de vista político de Erdogan parece chocar con la mirada militar. “El problema kurdo es mi problema y se arregla con más democracia”, dijo el primer ministro en agosto. Días después, un alto mando del Ejército señaló: “En Turquía no existe tal problema, es sólo un problema de terrorismo”.
El PKK es señalado por Turquía, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos como una organización terrorista, y como tales son juzgados sus miembros, lo que les puede valer la condena a cadena perpetua desde 2006, cuando se aprobó la ley antiterrorista. Con base en esa ley también fueron detenidas más de 2.100 personas relacionadas con el Partido para la Paz y la Democracia, el principal partido legal pro kurdo. Otras 5.000 personas, informó el diario español El País, están detenidas por propagar la ideología del PKK o asistir a reuniones relacionadas con la organización, así como 100 periodistas y estudiantes que han manifestado alguna simpatía a la autonomía kurda. Se estima que más de 10.000 kurdos están presos en Turquía bajo cargos de terrorismo.
Repaso rápido
El origen del conflicto kurdo en Turquía suele fijarse en 1984, cuando ingresaron las armas, pese a que la comunidad kurda ya reclamaba sus derechos desde hacía décadas y a que el PKK se fundó en 1978. Actualmente se estima que viven en Turquía unos 15 millones de kurdos, 20% de la población, la mayoría en el sureste del país.
Sin parar
Las autoridades turcas informaron ayer que mataron a 12 kurdos durante enfrentamientos. Según comunicaron, un grupo kurdo avanzó desde territorio iraquí y atacó a un grupo de militares que habían acampado en un alto en el camino. Tras el intercambio de disparos, murió una docena de kurdos. Si bien al principio no se informó de bajas entre los soldados, el gobernador de la zona, Orhn Alimoglu, indicó que uno de los efectivos había quedado gravemente herido y que falleció horas después del enfrentamiento. El gobierno advirtió que aunque avancen las negociaciones con esa comunidad, el Ejército continuará con las operaciones contra los rebeldes que se llevan a cabo en el sureste turco.
A partir de 1991 el Ejército comenzó a atacar con más fuerza la región sureste del país, donde vive la mayor comunidad kurda. Se estima que fueron destruidas entre 2.500 y 3.000 aldeas y que unos tres millones de kurdos fueron obligados a desplazarse. Políticos, periodistas e incluso intelectuales fueron asesinados durante ese año y los siguientes; otros sufrieron la prisión y la inhabilitación política, como la diputada e histórica líder kurda Leyla Zana, quien en 1994 fue condenada a 14 años de cárcel por pronunciar una frase en su idioma durante un acto público. Se estima que unos 3.500 políticos, periodistas y activistas por los derechos humanos favorables a la postura kurda fueron asesinados o desaparecidos forzosamente desde 1984.
El PKK se fue fortaleciendo ante la represión, aunque se vio obligado a trasladar sus bases hacia el otro lado de las fronteras turcas, en el norte iraquí y el noreste sirio, durante los años 90. En 1997 Turquía invadió el norte iraquí para perseguirlos, abriendo una de las etapas de mayor enfrentamiento entre los milicianos y el Ejército. En ese marco, en 1998, el líder kurdo fue expulsado de Siria y un año después fue detenido en Kenia por Turquía. Tras 37.000 muertes en los últimos 15 años, Öcalan convocó una tregua.
Desde ese entonces la capacidad armada de los kurdos fue disminuyendo, tanto por la falta de su líder como porque esa comunidad obtuvo algunos derechos, como cursos de su idioma para adultos o el acceso a la vida política. En ese ámbito se abrió una vía por intermedio del Partido de la Democracia del Pueblo, que cambió su nombre varias veces evitando las inhabilitaciones del gobierno, que actualmente está incluido en la Internacional Socialista como miembro observador. Por su parte, Zana y otros conocidos políticos kurdos fundaron el Movimiento de la Sociedad Democrática, que creció en paralelo al Partido de los Derechos y las Libertades.
Todos estos apoyan el ingreso de Turquía en la UE porque consideran que esto frenará a Ankara a la hora de lanzar nuevos ataques y que el bloque podrá mediar en el conflicto. Sin embargo, han recibido críticas por olvidar que la UE también ha colaborado en la criminalización del PKK y ha mirado hacia el costado ante graves violaciones de los derechos humanos en Turquía.
Según la Asociación por los Derechos Humanos, una organización civil con sede en Estambul que trata el conflicto kurdo, las leyes que Turquía ha aprobado para beneficiar a la minoría kurda no se han llevado a la práctica. “Se han aprobado exclusivamente para cumplir los criterios de la Unión Europea”, sostuvo uno de sus dirigentes, Veysi Altay.
Los kurdos siguen sin poder aprender su lengua en las escuelas de las regiones en las que son mayoría, tampoco pueden reivindicar sus ideas ni, en muchos casos, defender sus derechos, ya que la ley antiterrorista de 2006 permite a las autoridades detenerlos ante la mínima señal de protesta. “Una sociedad multiétnica como la de Turquía está organizada en torno a una sola bandera, una sola lengua, una sola cultura”, sostuvo Altay en declaraciones a la revista del Centro de Estudios e Investigación por el Diálogo Global, con sede en España.
Además del enfrentamiento armado y la persecución, los kurdos deben enfrentar lo que se denomina “Estado profundo”, grupo de altos cargos militares y políticos, paraestatales, que nacieron en la época de la dictadura militar (1980-1983) con el respaldo de empresarios e intelectuales fuertemente nacionalistas.
Cuestión de peso
Algunas de las formaciones políticas kurdas se mostraron descreídas sobre la información facilitada por el gobierno y señalaron que no se pronunciarán mientras no puedan contactarse con Öcalan. El líder, conocido también como Apo, está en una prisión ubicada en una isla, la mayoría del tiempo en aislamiento, y desde hace más de un año no se permite que sus abogados vayan a verlo, según denunciaron éstos.
Esas condiciones de reclusión fueron las que motivaron que en octubre comenzara una huelga de hambre en reclamo por sus derechos y por la mejora de sus condiciones de reclusión. Se estima que involucró a unas 1.800 personas que se unieron total o parcialmente a la medida, según el Ministerio de Justicia turco. Entre quienes se sumaron parcialmente figuraron cinco parlamentario locales kurdos.
Durante esa huelga de hambre, que el gobierno calificó de “chantaje”, Erdogan amenazó con retomar la pena de muerte: “Frente a las muertes y asesinatos, si es necesario, la pena de muerte debería ser puesta sobre la mesa nuevamente”, aseguró. “No consideramos que el Estado tenga la autoridad de perdonar a un asesino. Esa autoridad pertenece a la familia de la víctima, no nos podemos adueñar de ella”, remató. Esas frases en un acto público fueron interpretadas como una amenaza a los kurdos.
La huelga terminó gracias al llamado de Öcalan, transmitido por intermedio de su hermano, lo que se interpretó como una demostración de su influencia sobre la comunidad kurda, pese a que está preso desde hace más de una década.