La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la situación de dos asalariados rurales que se encuentran “encerrados” en la estancia Las Merceditas, ubicada sobre la ruta 45, cerca de Sarandí Grande, en el departamento de Florida.
La dirigente de UNATRA María Flores explicó a la diaria que el capataz dejó a los trabajadores dentro del establecimiento y “cerró la portera con candado” para que “no entre ni salga nadie”. Se trata de una estancia ganadera y los dos asalariados están a cargo de unos 3.000 animales entre vacunos y ovinos. Flores agregó que como no hay agua potable, “están tomando agua de una cachimba” que deben hervir antes de consumir. Uno de los trabajadores, que tiene problemas de salud, “se enfermó” y por esta razón durante su último descanso mensual llegó hasta la localidad de Puntas de Maciel y decidió denunciar allí la situación ante el sindicato. Flores agregó que los asalariados “no están registrados” y que pidieron “una visita” de la Inspección General de Trabajo al establecimiento para constatar las irregularidades. Sin embargo, explicó que muchas veces los inspectores llegan a los estabecimientos y “como no pueden entrar porque las porteras están cerradas con cadenas y candados”, la inspección del MTSS no se concreta.
El trabajador que hizo la denuncia dijo ayer en diálogo con la diaria que cuando dejó de tomar agua del pozo del lugar empezó a sentirse mejor, aunque siguen sin beber agua potable, ya que ahora utilizan la de un pozo que “está un poco más lejos”. Si bien la falta de agua es el problema más importante porque “esta en juego la salud”, el asalariado confirmó que desde hace seis meses están “trabajando en negro”, sin horario, ya que “a veces son las diez de la noche y todavía estoy haciendo alguna cosa”. Agregó que gana 300 pesos por día, un salario que considera “muy bajo” para todas las tareas que realiza. En diciembre, recibió 2.150 pesos “como aguinaldo” y hasta ahora no ha tenido “licencia de ningún tipo”.
Respecto de la falta de agua potable, Flores expresó que se trata de “graves incumplimientos” del nuevo Estatuto del Trabajador Rural, que entró en vigencia con el decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2012. Entre otras cosas, dice que en todo establecimiento rural deberá existir “agua potable en cantidad suficiente” y que deben “observarse las normas de higiene convenientes en la producción, conservación y distribución del agua, a cuyos efectos el empleador suministrará los elementos adecuados”, explicó Flores.
Ocupantes precarios
No muy lejos de ese lugar, en un establecimiento cercano a la localidad de Estación Goñi, también en Florida, un trabajador rural fue obligado por la Policía a devolver la llave y desalojar la vivienda que le habían otorgado en el lugar, tras “ser notificado de su despido”. Flores dijo que este hecho configura una “violación” al nuevo Estatuto, ya que éste establece que en caso de despido, la acción de desalojo debe seguir el proceso judicial y los plazos correspondientes al “ocupante precario”. Sin embargo, en este caso, el trabajador fue desalojado del establecimiento “antes de que se cumplieran 30 días” desde que fue despedido, nunca se le entregó orden judicial por escrito y la participación de la Policía de la Seccional 13ª de Goñi fue “lamentable”, según evaluó Flores.
El asalariado dejó de concurrir al establecimiento el 3 de diciembre, y el 19 le alcanzaron una citación policial para “entregar la llave de la casa del establecimiento y sacar todo lo lo que tenía”, explicó el trabajador a la diaria. Tras concurrir a la seccional policial, los uniformados le dijeron que “si no hacía lo que decían iba a quedar detenido en ese momento”. Le indicaron que habían recibido “una orden verbal del juez”. El trabajador entregó las llaves a la Policía y al otro día, tras conseguir un medio de transporte para llevarse sus pertenencias, fue hasta el establecimiento, donde lo esperaban un móvil policial y varios uniformados.
Las llaves se las habían entregado al dueño de la estancia, que se hizo presente para abrir la puerta de la vivienda. El trabajador comenzó a retirar las cosas mientras los policías “hacían un inventario de lo que iba sacando de la vivienda y revisaban todo”, explicó. Luego del incidente, el trabajador se presentó a hacer la denuncia ante la UNATRA. Aún no ha cobrado la liquidación ni el salario del último mes trabajado. Según Flores, el asalariado “tuvo que pagar un transporte para trasladar sus pertenencias aunque no tenía plata”, aunque en el Estatuto dice que si se carece de recursos el empleador debe “facilitar los medios para el traslado de la persona y de sus cosas”.
En cuanto al despido, el trabajador explicó que a fines de noviembre le entregó a su empleador una hoja con el cálculo de lo que debía cobrar según le habían informado en la UNATRA, y éste le respondió: “Con el sindicato no quiero tener nada que ver, si no le gusta lo que gana tiene las puertas abiertas para irse”. Esta situación “se repite permanentemente” en diversos establecimientos de Florida y además “ahora están circulando listas negras” con los nombres de los que se vinculan al sindicato, denunció finalmente Flores.