Ayer comenzó el juicio contra cuatro soldados polacos que están acusados de haber cometido crímenes de guerra en Afganistán. Fueron investigados por la muerte de ocho civiles en 2007, cuando tropas polacas abrieron fuego contra un grupo de afganos que asistía a un casamiento en un poblado.
La Justicia militar polaca declaró inocentes a los siete soldados que inicialmente fueron acusados por ese ataque. Sin embargo, la Corte Suprema de Polonia decidió abrir una nueva causa para cuatro de ellos porque habían dado versiones contradictorias acerca del motivo por el cual se había decidido atacar al poblado. Se pidieron penas de cinco a 12 años de prisión para los soldados, que fueron parte de los 2.500 efectivos que Polonia desplegó en Afganistán bajo el liderazgo de Estados Unidos en el marco de la OTAN.
También recibió un revés judicial una empresa contratista en seguridad que se vio obligada por la Justicia estadounidense a pagar a un grupo de iraquíes que estuvieron presos en la cárcel de Abu Ghraib. La empresa, que actualmente se denomina Engility Holding Inc., pero en ese entonces era L-3 Services Inc., fue acusada de colaborar en la tortura de quienes estaban detenidos en esa y otras prisiones estadounidenses en Irak.
L-3 Services Inc. fue proveedora de traductores durante la guerra de Irak y en 2006 tenía a 6.000 empleados colaborando con Estados Unidos en el país asiático. Según la acusación, la empresa “participó, aprobó o justificó el maltrato de los prisioneros por parte de militares estadounidenses” entre 2003 y 2007. Estados Unidos recurrió a varias empresas que proveían distintos servicios, en la mayoría de los casos, mercenarios.
“Los contratistas jugaron un papel importante pero a veces menospreciado en los peores abusos en Abu Ghraib”, aseguró Baher Azmy, el abogado de los 71 ex detenidos iraquíes que denunciaron el caso. También informó que esas personas compartirán el pago por concepto de indemnización, aunque no quiso especificar cómo lo van a dividir. El acuerdo, precisó Azmy, se alcanzó en octubre, aunque recién ahora la empresa efectivizó el pago de más de cinco millones de dólares.
Los ex detenidos relataron las torturas que sufrieron mientras los traductores de la empresa estaban presentes. Uno de ellos dijo que golpearon su cabeza contra la pared hasta que quedó inconsciente, otro que lo obligaron a tomar agua hasta vomitar sangre; todos contaron que los raparon y que los mantuvieron desnudos durante varios días.
Los abogados que presentaron la acusación en nombre de los ex detenidos iraquíes dijeron a la agencia de noticias AP que ya están impulsando otra causa contra otra empresa contratista, aunque también recordaron que varios de estos casos han quedado trancados porque los tribunales de algunos estados consideran que las empresas de defensa que colaboran con el gobierno “ganan” la misma inmunidad que éste tiene ante las causas civiles, que son las que generan compensaciones económicas.