El supuesto del que partimos es que la apropiación concreta y efectiva de los derechos formalmente disponibles da cuenta de las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía. El camino elegido para reflejar la efectivización de derechos pasa por calibrar los alcances del desarrollo rural en estos trabajadores asalariados.
El modo de producción rural implica un mercado de trabajo flexible, en el que el empleo estable no es la modalidad de contratación predominante, ya que la estacionalidad de la producción demanda niveles significativamente diferentes de trabajo efectivo durante el ciclo productivo.
Probablemente no existan dudas en el sistema político, en el gobierno y en la sociedad acerca de la vulnerabilidad de ciertos sectores poblacionales, entre ellos los asalariados rurales. Sin embargo, la institucionalidad pública para dar respuesta a esos sectores ha brillado por su ausencia históricamente, y si bien en la actualidad se comienzan a esbozar algunas propuestas, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -organismos que deberían desarrollar acciones y políticas orientadas a atender la especificidad de esta población- carecen de líneas o programas orientados a la inclusión social de este colectivo.
La privación de derechos se vuelve más evidente si se tiene en cuenta que recién a fines de 2010 fue creado el Programa de Salud Rural, cuyo objetivo es cubrir las necesidades asistenciales de las localidades de menos de 5.000 habitantes. Hay más espacio para la paradoja: hoy, el Movimiento pro-Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) ya no puede atender las necesidades habitacionales de los trabajadores rurales que residen en núcleos poblados por más de 5.000 habitantes.
Nuestra legislación laboral refleja que el proceso de extensión de derechos a los trabajadores rurales ha sido lento y resistido. Un ejemplo de ello es la exclusión de los asalariados rurales de los Consejos de Salarios hasta 2005, o la aprobación en 2008 de la ley que consagra la jornada de ocho horas en el campo.
La comparación de los asalariados rurales con el resto de los trabajadores privados para el período 2006-2011 evidencia una clara vulnerabilidad, especialmente en sus condiciones de vida, aunque existen ciertos procesos que han mejorado tibiamente algunos indicadores. Un avance parcial del proyecto de investigación “Los límites de la ciudadanía: El caso de los trabajadores asalariados rurales”, en el cual trabajamos, confirma este planteo.
La evolución del salario real de los trabajadores rurales y del resto de los asalariados privados muestra que la brecha de ingresos ha disminuido más de un cuarto de 2006 a 2011, pero fundamentalmente porque las asimetrías en el punto de partida eran abismales. Pero, pese a este cambio, hoy el ingreso por hora de los asalariados agropecuarios es 20% menor que el del resto de los asalariados.
Los resultados obtenidos al analizar la evolución de la incidencia de la pobreza por ingresos entre 2006 y 2011 muestran una caída muy marcada en todos los asalariados. De todos modos, no ha sido en los asalariados rurales en quienes se ha reducido en mayor medida. Igualmente, puede observarse que la distancia entre un colectivo y otro ha disminuido.
La incidencia de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) vuelve a evidenciar una situación diferencial y negativa para los trabajadores asalariados rurales: en 2006 era casi 20% superior a los demás asalariados, y en 2011 13% más alta.
El análisis de información específica referente a calidad del empleo y la protección social confirma la sentencia de una situación de vulnerabilidad -relativa- mayor entre los asalariados agropecuarios. Por ejemplo, los indicadores relacionados al registro de los asalariados en el sistema de seguridad social muestran una situación desfavorable para los empleados del sector primario.
Nuestro país se ha destacado históricamente por la ausencia de demandas masivas respecto de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población que trabaja en el sector agropecuario. Esto se explica, entre otras razones, por las dificultades que han tenido los asalariados para organizarse en la reivindicación y apropiación de sus derechos. Por un lado, estas dificultades tienen que ver con la estructuración del territorio y del mundo social rural a partir del rol de las gremiales patronales como grupo de presión determinante en la construcción de la ciudadanía, lo que quedó claro recientemente en la exposición de la Asociación Rural, a la que se le prohibió el acceso a representantes de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines. Por otro lado, el desafío pasa por potenciar y visibilizar las demandas de los asalariados, con un rol más activo del Estado en la efectivización de derechos. En ambos sentidos hay señales que alientan rupturas con el relato histórico. Que así sea, y que los derechos y su apropiación sean finalmente en este país una cuestión democrática.
- Los autores de esta columna integran el Núcleo de Estudios Sociales Agrarios de la Udelar.