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Asador criollo en los festejos del primer año del Sindicato de Peones de Estancia, ayer, en Punta de Carretera, Tacuarembó. Foto: Sandro Pereyra

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Un año después de su fundación, sindicato de peones rurales denunció “intransigencia” empresarial en los Consejos de Salarios.

Cero peso de aumento. Ésa es la propuesta que llevaron los negociadores de las cámaras empresariales, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay (ARU), a la negociación colectiva en el subgrupo 22 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los peones de estancia sindicalizados llegaron este año por primera vez a ese ámbito y reclaman que el salario mínimo aumente de 7.900 a 14.000 pesos. Mañana, en el marco de un paro general parcial, el PIT-CNT acompañará este reclamo y se movilizará frente a la sede de la ARU para respaldar a los asalariados rurales.

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Punta de Carretera queda sobre la ruta 26, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. Ayer al mediodía unas 100 personas se juntaron a comer cordero asado y a conmemorar el primer año de existencia del Sindicato de Peones de Estancia (Sipes), que integra la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA). Además de la ARU, en este subgrupo participan la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz.

El Sipes comenzó a funcionar el 28 de octubre de 2012 en un paraje llamado Pueblo del Barro. Ese día se afiliaron 35 asalariados ganaderos y un año después son casi 200, en su mayoría del eje de la ruta 26, pero también de la ruta 31 y de la zona de basalto de Paysandú. En abril realizaron una actividad por el Día del Trabajador Rural a la que concurrió el presidente José Mujica, y durante la última Expo Prado, organizada por la ARU, a militantes del Sipes se les prohibió ingresar al predio. A raíz de esto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado que cuestionaba a los ruralistas y uno de los coordinadores de la central, Marcelo Abdala, comenzó a concurrir a las reuniones de negociación tripartita en el MTSS.

Los peones de estancia tienen un sueldo mínimo de 7.900 pesos y piden ganar al menos 14.000 nominales. Reclaman el cumplimiento de las ocho horas rurales, afirman que los empresarios tienen posturas más radicales que los trabajadores y denuncian que su intransigencia negociadora no refleja la prosperidad del sector. “Esta batalla es económica, pero también cultural”, repiten los delegados del Sipes. En la actividad de ayer participaron representantes de la Universidad de la República, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la futura presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez.

Gigante dormido

César Rodríguez es uno de los referentes del Sipes. Explicó que las mayores dificultades organizativas que tienen son las distancias y el carácter “solitario” de los peones. “Estamos hablando de los trabajadores más invisibilizados dentro de los invisibilizados, que sería el universo de todos los asalariados rurales. Es un gigante que está durmiendo, pero que de a poco se va despertando”, dijo. Hay unos 35.000 peones ganaderos en el país, pero es el rubro con mayores dificultades para la sindicalización.

Rodríguez tiene claro que una iniciativa como la formación del Sipes cuestiona intereses “muy pesados”. “Estamos hablando de la producción de carne, leche, arroz y soja. Hay intereses de clase y lo que estamos planteando es que son los brazos de los trabajadores los que generan la mayor riqueza del país. Entonces no podemos aceptar salarios mínimos de 7.900 pesos, cuando los márgenes de ganancia son cada vez mayores”, planteó.

Los empresarios propusieron en el MTSS reconocer un crecimiento anual de 1%, algo que para Rodríguez es “inadmisible y bizarro”. “En el fondo, hay una cuestión cultural muy arraigada. Ellos no aceptan que los peones estén sentados a la mesa de negociación, no lo admiten. Lo ven como algo reñido con la tradición. En la cabeza del estanciero es válido esclavizar porque siempre ha sido así para ellos”, sostuvo.

La ARU, según Rodríguez, es la gremial más conservadora del país, a tal punto que le está costando alinear a otras cámaras empresariales con su postura. “En los tambos la cosa cambia, incluso en la Federación Rural ya hay otra composición, con medianos productores, que son más negociadores. Al agronegocio, a los capitales extranjeros, no les interesa tener a los trabajadores en condiciones tan malas como a los ganaderos”, concluye.

El hijo del brasileño

Ayer se relataron historias que dejan mal parados a los “criollos”. Mauricio Sosa vive en Pueblo del Barro, tiene 59 años y trabaja en un establecimiento del consorcio UAG, de capitales europeos. “Los inversores que vienen de afuera tienen muchos menos problemas laborales que los nacionales. Los tradicionales de acá no quieren saber nada con el sindicato, son los más duros; los apellidos tradicionales son los más prepotentes”, comentó.

El padre de Mauricio llegó a esta región con dos años y nunca supo en qué lugar de Brasil había nacido. “Ellos llegaban, los agarraba alguna familia, los criaba y los ponía a trabajar. Eran como esclavos; mi padre no sabía escribir su nombre y mi madre aprendió cuando nosotros íbamos a la escuela”, relató. Los pocos datos que tiene Mauricio son que su abuela era brasileña, que su padre trabajó desde los 12 años en estancias de Rincón del Sauce y que ingresó al Registro Civil cuando se casó: “Tenía 20 años y fue su primer trámite legal. Ni siquiera sabemos si el apellido Sosa es real o prestado”. Mauricio se sumó a la lucha sindical porque su padre tuvo un accidente laboral y la familia se quedó sin ningún recurso. “Los 13 hermanos nos criamos como pudimos”, explicó. Después relató el accidente: Aladino Sosa -su padre- andaba en un caballo mal domado, se enredó el lazo en la espuela y fue arrastrado varios kilómetros. Se quebró la columna y recibió golpes en la cabeza que lo dejaron inválido. “Yo lucho para que se corrijan estas cosas. No es justo que un trabajador tenga un accidente como el de mi padre y que no tenga ningún derecho, ni él ni su familia”, señaló.

Otro integrante del Sipes, Wilber de los Santos, está molesto porque están obligados a comprarse sus aperos: en cualquier talabartería cuestan 15.000 pesos y duran como máximo cinco meses. “Si el peón no se lo compra no trabaja; así de sencillo”. Otro problema son las dificultades para que la Inspección General del Trabajo llegue a las estancias. “Los patrones se enteran unos días antes de que van a caerle inspectores y ponen todo en regla de apuro”, advirtió.

Pantaleón Machado trabaja desde hace 27 años en una estancia en el paraje Cinco Sauces y participa en el Sipes desde su fundación. Trabaja de lunes a sábado al mediodía, cobra 8.800 pesos mensuales y asegura que la militancia cambió su dinámica laboral. “No pasa en todos lados, pero mi patrón por suerte aceptó que me metiera en el sindicato y se comprometió a aceptar lo que se acuerde en los Consejos de Salarios. La veo difícil para llegar a los 14.000, pero la vamos a pelear. Hay compañeros en situaciones mucho peores, en negro o hasta por menos plata que el salario mínimo”, dijo.

Camina y camina

Rubito Fernández vive en Paso de los Novillos, a orillas del Tacua-
rembó Chico, y es uno de los negociadores en el Consejo de Salarios. Cuando tiene que viajar a Montevideo camina 15 kilómetros hasta la ruta que lo lleva a Tacuarembó, donde se toma un ómnibus hasta Tres Cruces. “Nos están proponiendo un aumento de prácticamente cero, cuando el valor de la tierra y de los animales se ha multiplicado. Venimos de un sistema de trabajo de sol a sol, de semiesclavitud, así que estamos reclamando apenas lo mínimo”, afirmó. Fernández planteó que los peones necesitan cambiar su mentalidad para enfrentar estos procesos: “Muchos piensan que como sus abuelos y sus padres ya fueron explotados, está bien que la situación siga igual. Muchas veces el trabajador contribuye a que el sistema se mantenga. Nuestra tarea como sindicato es convencerlos de que éstos son otros tiempos, que la cosa cambió y que las patronales tienen que cumplir con las leyes”.

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