Si bien la normativa sobre los medios de comunicación audiovisual aprobada el 10 de octubre de 2009 ya está en vigor, dos de sus artículos estaban suspendidos desde el 26 de octubre de ese año. El Grupo Clarín, el mayor dedicado a los medios de comunicación en Argentina, cuestionó varios artículos: el que establece que las licencias de medios son intransferibles; el que fija un límite a la cantidad de licencias concentradas en los mismos titulares (que estaba suspendido); el que descarta la posibilidad de que se aplique la figura de “derecho adquirido” a las empresas que tienen más licencias de las permitidas; y el que da un plazo de un año para adecuarse a la ley (también en suspenso hasta ayer). Pero denunció como inconstitucionales sólo los dos que estaban suspendidos.
Respecto del artículo que fijaba el plazo de un año para adecuarse a la ley, la Corte estimó que es constitucional y que su “plazo se encuentra vencido”.
Ante la complejidad jurídica y política del tema, los ministros de la Corte resolvieron explicar por qué fallaron a favor de la norma, en un texto disponible en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ). El fallo de los siete jueces fue dividido: Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Elena Highton votaron a favor de la constitucionalidad total de la norma, Carlos Maqueda y Carmen Argibay votaron la constitucionalidad parcial, y el único voto en contra fue del juez Carlos Fayt.
En la nota publicada ayer por el CIJ, la Corte aclara que el “modo de proteger” las licencias ya adquiridas “es la indemnización pecuniaria, pero [eso] de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada”. Por lo tanto, el artículo que descarta la aplicación del “derecho adquirido” es constitucional “siempre que se indemnicen los perjuicios que sufra la licencia individual”.
Además el texto advierte que “si en la etapa de la aplicación se afectara la libertad de expresión, [o] hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales”, los medios podrán ejercer su derecho a demandar. También señala que “el Estado afecta la libertad de expresión si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”. Los jueces escribieron que lo mismo ocurre “si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”.
Por último, los magistrados destacaron la “vital importancia” de que “la autoridad de aplicación” de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy liderada por el diputado Martín Sabbatella, que no integra oficialmente el gobernante Frente para la Victoria pero lo apoya desde 2011, “sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”.
“Teníamos razón. Es una gran noticia para la democracia”, dijo Sabbatella ayer, luego de que se diera a conocer la decisión judicial. También anunció que pretende “avanzar rápidamente en la aplicación integral de la norma”. Estimó que si bien “la Justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, […] no puede tardar cuatro años para eso” y que la de ayer fue “una decisión muy esperada por millones de argentinos y argentinas que “quieren ampliar y profundizar la democracia”. Agregó que el fallo lo “llena de alegría”, y ese estado de ánimo también se pudo notar en los legisladores kirchneristas.
El oficialismo convocó a festejar ayer de tarde, frente a la sede del Congreso, el final del largo periplo judicial de la norma. Sin embargo, la lectura de los pormenores del fallo deja la puerta abierta a nuevos juicios a medida que el gobierno avance en su aplicación, y quizá por eso ayer el diario Clarín insistía en su edición en internet en los argumentos disidentes planteados por los jueces, pero sobre todo en la importancia de que el público leyera las 392 páginas del fallo, o por lo menos su resumen.