El vicepresidente Danilo Astori impulsó nuevamente un cuestionamiento público al presidente José Mujica. A nueve días del comunicado en el que el Frente Liber Seregni (FLS) propuso suspender el llamado de televisión digital comercial, y luego de que Presidencia ratificara el proceso y asignara las frecuencias, se conoció una nueva carta pública, en este caso firmada por Astori. La misiva busca aclarar una versión publicada ayer por el semanario Búsqueda respecto de una reunión en la Torre Ejecutiva en la que participaron Astori, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el secretario de Presidencia, Homero Guerrero.
Según informaron a Búsqueda “varias fuentes de gobierno”, el lunes 21 se realizó un encuentro entre los jerarcas mencionados para intentar “encontrar una salida” al diferendo que mantiene la Dirección General Impositiva (DGI) con el contratista de fútbol Francisco Casal. Informa el semanario que “los jerarcas expresaron preocupación” por la posibilidad de que Casal gane una acción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), “lo que lo habilitaría a iniciar una demanda millonaria contra el Estado”, de “hasta 300 millones de dólares”.
Uno de los elementos de análisis para llegar a esa conclusión fue un dictamen del procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Rafael Ubiría, que “le da la razón al contratista de fútbol Héctor Buitrago por una acción similar a la que inició Casal”, indica Búsqueda. Ubiría concluye que la actividad del contratista no está gravada por algunos impuestos, al contrario de lo que reclama la DGI. En 2008, a pedido de la DGI, la jueza civil Loreley Opertti embargó los bienes de Casal y de ocho de sus socios por 25 millones de dólares. Casal inició una acción de nulidad ante el TCA para que éste deje sin efecto la resolución de embargo.
Según manifestaron a la diaria integrantes del FLS, generó una gran molestia esta filtración, que atribuyen al único participante del encuentro que no pertenece al FLS, Homero Guerrero, o en su defecto a otro jerarca del entorno de Mujica. Entienden que la filtración se realizó para perjudicar a los jerarcas del FLS y que se buscó hacerlos aparecer como responsables del intento de “arreglo” con el contratista.
En su carta pública, Astori cuestiona la filtración y deja en claro que la reunión se realizó a iniciativa de Presidencia. “Como suele ocurrir en estos casos, se suministra información que deforma o tergiversa la realidad, esto es, la verdad”, expresa.
“Así, en este caso, la versión publicada omite un pequeño detalle, y es que en esa reunión manifestamos con el ministro Lorenzo nuestros serios reparos sobre este tema y la necesidad de un análisis más profundo y riguroso del mismo, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde las perspectivas política e institucional”, continúa Astori.
Señala que se ve “en la obligación” de poner “en conocimiento de la opinión pública” la situación, para que ésta disponga de “elementos de juicio relevantes a los efectos de formar opinión”. “Mi lealtad al gobierno y mi adhesión a las instituciones no tienen límites. Tampoco el valor que concedo a la ética y a la rectitud de procedimientos en la acción política”, concluye.
En el FLS cuestionan que se haya citado al encuentro a Astori, que “institucionalmente no tenía nada que ver”, ya que “si era una reunión técnica”, lo que correspondía era citar solamente al ministro Lorenzo. Entienden que de algún modo se quiso implicar a Astori como “promotor” del “arreglo”. En el encuentro en la Torre Ejecutiva, tanto Astori como Lorenzo hicieron hincapié en la necesidad de respetar el proceso judicial. Hicieron notar que todavía no está el fallo del TCA, y que ni siquiera está presentada la demanda al Estado por lucro cesante e indemnización moral.
El FLS está preocupado por la relación de Mujica con Casal y por las implicancias éticas que ésta puede tener. En ese marco incluyen también la asignación de un canal digital comercial a Nelson Gutiérrez, de Tenfield. Éste posee 25% de las acciones del nuevo canal, y el restante 75% puede ser integrado luego, con autorización de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. “Quedamos discutiendo de la televisión entre dos grupos chicos [en referencia a los consorcios Giro y Pop TV] y el otro [VTV] pasó como un avión”, comentó un integrante del FLS. “Le dan el canal y ahora aparece este perdón fiscal. No es simple la situación”, consideró el dirigente.