Los padres de María Victoria Moyano Artigas fueron detenidos en Buenos Aires en 1977 y permanecen desaparecidos. Su madre, María Asunción Artigas Nilo, era uruguaya, y su padre, Alfredo Moyano Santander, argentino. Ella nació en el centro de detención clandestino Pozo de Banfield, el 25 de agosto de 1978, y ocho días más tarde fue entregada al hermano de un comisario de la Policía Federal bonaerense y su pareja. Cuando Victoria tenía nueve años, luego de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, la Justicia decidió intervenir y, prueba de ADN mediante, se comprobó su identidad y pasó a vivir con su familia biológica. Residió unos años en Uruguay, pero desde hace tiempo vive en Argentina.
Ayer estuvo en Montevideo para participar en el Foro contra la Impunidad, organizado por la Agrupación Universitaria Tesis XI de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Argentina, asociación de la que forma parte. Moyano es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
-¿Qué te motivó a venir a Montevideo a participar en esta actividad?
-Me llegaron noticias y denuncias de lo que estaba pasando en Uruguay y, pese a que vivo en Argentina, entiendo que hay una lucha contra la impunidad que es conjunta, allá, acá y en toda Latinoamérica, donde fue aplicado el Plan Cóndor. Me resultaron alarmantes los ataques a las libertades democráticas en Uruguay y los pedidos de procesamiento a viejos militantes por los derechos humanos como Irma Leites, Jorge Zabalza y otros, por participar en una manifestación en la Suprema Corte de Justicia [SCJ]. Ya no sólo es judicialización de la protesta, sino que es persecución política. Además hubo detenciones de militantes de distintas organizaciones previo a la marcha del Filtro y torturas. Tenía programado venir antes, cuando me enteré de la intervención del Departamento de Operaciones Especiales [DOE] de la Policía, porque en Argentina tenemos un símil que se llama Proyecto X. Se trata de un plan de la Gendarmería que tiene un software especial con el que construye bases de datos infiltrando las movilizaciones, sacando fotos y filmando, y después cruzan esos datos y todo termina en causas judiciales. Ellos tienen fotos de las movilizaciones e incluso hay informes de Inteligencia en los que se sabe cuáles son las consignas convocantes y quiénes van a participar antes de que se hagan públicas. Esto va contra cualquier ley de inteligencia de Argentina, donde están prohibidos la persecución y el espionaje de personas por sus ideas políticas y sindicales. Parece que el plan es demonizar al que protesta. Nadie toma en cuenta por qué esas personas están protestando, y eso me parece terrible. Cualquier ex preso político pelea contra la impunidad y se moviliza, y resulta que los militares que han torturado y asesinado están en las calles lo más tranquilos, mientras que los que luchan terminan con riesgo de ir a prisión. Me parece una cosa perversa. Vine a Uruguay porque cualquier ataque a las libertades democráticas, que tanto nos costó recuperar, va en contra de nosotros. No quiero que un día me pase en Uruguay que pueda terminar procesada por acompañar una manifestación.
-Escribiste una carta pública antes de venir en la que planteás que hay una relación entre la impunidad de ayer y los abusos del presente.
-Sí, porque si pensás que en Uruguay solamente hay 12 militares procesados... ¿Qué pasó con el resto? Están impunes. El aparato represivo de la dictadura no estaba integrado sólo por los que hoy son “viejitos”. Había militares jóvenes, de 20 o 30 años. A los jóvenes que fueron detenidos el 24 de agosto para ser interrogados, el policía les dijo que hacía 30 años que era efectivo y los amenazó con un fusilamiento y un submarino en seco. Esa gente sigue en funciones y tiene una práctica que hoy no es igual a la de la dictadura, pero es acorde a lo que necesitan. Además, ¿cuántos jueces y fiscales estuvieron durante la dictadura y cuántos fueron enjuiciados? Entonces, entre quienes imparten justicia ahora están los mismos que estaban antes.
-¿Cuál es tu opinión sobre el accionar de la Justicia argentina en comparación con la de Uruguay?
-En realidad la impunidad está en ambos países. En Argentina se abrieron algunos juicios y no existe una ley de impunidad como en Uruguay. Pero yo cuestiono el proceso, porque hubo 30.000 desaparecidos y prácticamente las madres no saben el destino de sus hijos. Hay 400 hijos con su identidad fraguada y sólo hemos aparecido 100 de los 500 robados a sus padres biológicos. Pero en Argentina hay una consigna muy vigente, que es que no hay olvido, ni perdón, juicio y castigo sin reconciliación. Está mucho más claro el rol que cumplen las fuerzas de seguridad y, cuando lanzaron el Proyecto X, se formó un arco impresionante de organizaciones luchando unidas contra eso. Hay una reacción mucho más contundente y no permitimos que las cosas pasen como algo natural. Hace unos días que estoy en Uruguay y creo que ésa es la diferencia. Cada vez cuesta mucho más hablar del tema y me parece que hay un grado de impunidad que merece una fuerza mayor.
-¿Cuál es la situación de los procesos judiciales relacionados con la desaparición de tus padres?
-Participé en el juicio sobre el plan sistemático de robo de bebés; mis padres figuran como víctimas del primer tramo del juicio sobre el Plan Cóndor y soy querellante en el juicio sobre el Pozo de Banfield. Pero creo que se abre otro capítulo de la investigación acá en Uruguay, porque hace pocos días me enteré, por medio de distintas investigaciones, que mis padres desaparecieron en Uruguay y no en Argentina. Es decir que después de mi nacimiento en el Pozo de Banfield y de mi apropiación, mi madre habría sido traslada a Uruguay nuevamemente, y entonces la desaparición se produjo en este país. Vamos a tener que pelear con que ahora los crímenes de lesa humanidad son prescriptibles, pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias.
-Entonces, ¿estarías iniciando una causa judicial en Uruguay?
-Claro, la voy a iniciar. A mí nadie me va a convencer de que no puedo enjuiciar y encarcelar a los asesinos de mis padres. Convengamos que estamos en una situación difícil después de la sentencia de la SCJ, pero hay que redoblar esfuerzos, y, si es necesario, llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá seguimos reconstruyendo todo lo que pasó, con el esfuerzo de las víctimas. Tengo 35 años y recién me vengo a enterar de que mi padres desaparecieron en Uruguay. No pude iniciar ninguna acción porque no lo sabía. El problema es que somos nosotros mismos los que tenemos que buscar los datos, porque el Estado no hace nada. Hay que comparar las fechas de los traslados de la Fuerza Aérea con las fechas en las que mis padres fueron sacados del Pozo de Banfield y armar los probables recorridos.
-¿Cuáles serían las acciones para cambiar la situación actual? En Uruguay hubo dos consultas populares en las que no se consiguieron mayorías para eliminar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
-Hay que desarrollar organizaciones independientes del Estado y de todos los gobiernos, así uno puede decir lo que le parece sin ningún compromiso con nadie. Después, confío en la movilización de la gente. El plebiscito no me pareció un mecanismo que estuviera bien. No tengo por qué consultarle al resto de la sociedad si puedo meter presos a quienes asesinaron a mis padres. ¿Quién le consulta eso a otra persona? Y mucho menos en un plebiscito en el que votan los propios torturadores y asesinos, con el mismo derecho que una persona como las madres, los ex presos y los que fueron torturados. Ése no es el mecanismo adecuado. No es justo. Confío en que uno se puede organizar con otras personas para dar una pelea conjunta y en que hay que movilizarse. Por eso vine a Uruguay, porque lo que se está buscando es aislar a ciertos grupos independientes y que la movilización sea cada vez menor, porque si protesto puedo caer preso. La gente movilizada, además, puede incidir también en las instancias judiciales como en Argentina, donde las Madres y las organizaciones sociales y sindicales apoyaron los procesos judiciales con manifestaciones permanentes.