La Mesa Política del Frente Amplio expresó el viernes el “más absoluto respaldo político” al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ante lo sucedido en Santa Catalina y en el Comcar, así como su “apoyo” al proceso de reestructura policial que está llevando adelante la cartera. Al mismo tiempo, expresó su “confianza” en que las autoridades del ministerio “seguirán trabajando para velar por el celoso cumplimiento de los marcos de actuación policial”. “En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación por el accionar por fuera de los protocolos establecidos de algunos integrantes de las fuerzas policiales y sus lamentables consecuencias”, indicó el órgano de conducción de la coalición de izquierda.
La Mesa Política también expresó su “preocupación” por el procesamiento por asonada de siete de quienes se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el traslado de la jueza Mariana Mota, en el entendido de que “este tipo de dictámenes podría llegar a lesionar el legítimo derecho a manifestarse que debe ser garantizado en una sociedad democrática”. Esta última declaración no fue votada por el Frente Liber Seregni ni por el Partido Socialista. Argumentaron que precisaban “tiempo” para consultar con sus sectores antes de votar una resolución de este tipo, y que todo el proceso les dejaba “dudas”.
Hoy a las 17.00 los abogados de los siete procesados por la jueza Gabriela Merialdo -Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela, Patricia Borda, Diego, Eduardo y Álvaro Jaume- presentarán en el juzgado de la calle Misiones los escritos de apelación y un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ del artículo 145 del Código Penal, que tipifica el delito de “asonada”. Los abogados de los procesados argumentan que ese delito es inconstitucional porque “afecta la libertad de expresión”, explicó a la diaria Juan Fagúndez, abogado de Zabalza.
El viernes, un conjunto de organizaciones sociales -entre ellas, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la asociación de ex presos políticos Crysol, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y Serpaj- rechazaron “enfáticamente” los procesamientos, que calificaron como “desmesurados”, “gravísimos” y que “vulneran la libertad de expresión”. “La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra”, señalaron las organizaciones. Culminan el comunicado recomendando al sistema judicial que “dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él” y a buscar “la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia”.