Cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quiso postularse a un tercer mandato en 2010, se enfrentó a un artículo constitucional que se lo impedía. Prohibía la reelección consecutiva así como la de un ex gobernante que hubiera ejercido la presidencia por dos períodos. Sin embargo, el ex guerrillero logró sortear esa barrera.
Presentó un recurso ante la Suprema Corte argumentando que no se respetaba su derecho como ciudadano nicaragüense a postularse a la presidencia y el tribunal le dio la razón. Emitió un fallo, que involucra sólo al demandante, en el que consideró inaplicable para él el inciso A del artículo 147 de la Constitución, que establece ese impedimento.
La sentencia fue muy cuestionada por la oposición, tanto por su contenido como por la manera en que se llegó a emitirla. Se denunció que el fallo fue adoptado en una sesión del tribunal en la que sólo participaron los jueces que representan al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras que se dejó afuera del encuentro a aquellos magistrados que respondían a la oposición.
Aunque el fallo le permitió a Ortega ser reelecto en 2011, y presentarse a futuras elecciones, el FSLN dio a conocer el viernes un proyecto de reforma constitucional que entre otras cosas elimina el inciso A del artículo 147 y con él los límites a la reelección indefinida.
El proyecto, que incluye 39 enmiendas a la Constitución, llegó ayer a la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Nicaragua, cuya directiva (una figura integrada por cuatro diputados oficialistas y tres opositores) tenía previsto tratarlo anoche y convocar al plenario para que lo evalúe. De los 92 escaños que tiene la Asamblea Nacional, 63 están ocupados por representantes del oficialismo, y sólo son necesarios 56 votos para aprobar las enmiendas.
Otro cambio promovido es la eliminación del requisito de reunir 35% de los votos para ser electo presidente. Se propone que sea suficiente con recibir más votos que cualquiera de los demás candidatos. Además, el proyecto otorga más poder al presidente, que podría legislar por decreto en asuntos administrativos y designar a militares en actividad en cargos estatales que no se eligen en las urnas, incluso en el Poder Judicial y el Consejo Electoral.
Con la reforma, además, la Constitución definiría los límites del país incorporando dos fallos que emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de 2007 y 2012, en diferendos limítrofes que Nicaragua mantiene con Honduras y con Colombia. Este último no parece del todo resuelto, ya que Bogotá considera que la sentencia de La Haya es imposible de ejecutar.
Con o sin los cambios que impulsa, Ortega puede continuar en un cargo que ya ocupó en distintos momentos de la vida política de su país. Llegó al gobierno en 1979 como líder de la Revolución Sandinista contra el dictador Anastasio Somoza; gobernó hasta 1990 y en 2007 retornó por voto popular, con el FSLN ahora convertido en partido político. Fue reelecto en 2011 y su propuesta constitucional hace pensar que tiene planes de volver a ganar las elecciones en 2016.