La jueza civil Mariana Mota recibió ayer un pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El 19 de setiembre, en declaraciones al diario El País, Mota opinó sobre el pedido de procesamiento del fiscal Gustavo Zubía por “atentado” contra siete personas que participaron en la manifestación en el edificio de la SCJ en febrero, para protestar por su traslado de la órbita penal a la civil. Estas siete personas fueron procesadas el lunes sin prisión por la jueza penal Gabriela Merialdo, por el delito de “asonada”.
En sus declaraciones de setiembre, Mota cuestionaba el pedido de procesamiento de Zubía. “La verdad, lo veo como algo muy lamentable y muy triste. Yo no leí el pedido del fiscal, pero obviamente estuve todo el tiempo adentro de la Corte y la figura de atentado, por lo que vi, no se configuró porque no hubo impedimento para que se desarrollara el juramento. Es horrible que se criminalice algo que no generó resultado lesivo para nadie”, opinó Mota en aquella instancia.
En el escrito que llegó a manos de la jueza ayer, la SCJ reclama saber si efectivamente hizo esas declaraciones a El País y por qué se expresó de la manera en que lo hizo. Es el primer paso para el inicio de una investigación administrativa. La jueza responderá en los próximos días. La SCJ ya le había pedido informes a Mota por su asistencia a la marcha del silencio y por las declaraciones al diario Página 12 de Argentina en las que cuestionó la situación actual de Uruguay en materia de derechos humanos.
Por otra parte, Mota también discrepó con el procesamiento por “asonada” de Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela, Patricia Borda, Diego, Álvaro y Eduardo Jaume, resuelto por Merialdo. “Para mí no se configuró el delito de asonada que se planteó. Leí el auto de procesamiento y no comparto los fundamentos, porque entiendo que no se perturbó el orden público. A la gente se le permitió entrar y manifestó su opinión”, declaró Mota a la diaria. Comparó la situación con las ocasiones en que se desalojan las barras en el Parlamento. “Cuando la gente concurre al Parlamento y ocupa las barras, y hasta puede haber insultos, desalojan la barra. [Los ministros de la SCJ] son funcionarios igual que ellos [que los parlamentarios]. Me parece que [el fallo] es extralimitar el poder punitivo, para una situación que si bien fue anómala, no generó perjuicio ni daño a nadie. La gente tiene todo el derecho de manifestar y de opinar”, sostuvo la jueza.