El Observatorio Luz Ibarburu, de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, solicitó hace dos semanas una reunión con autoridades del Ministerio del Interior (MI) para conocer la situación de la unidad especial de esa cartera creada para colaborar con el Poder Judicial en las investigaciones relacionadas con crímenes cometidos durante la dictadura. También pidió una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que apoyó la creación de la unidad. Raúl Olivera, vocero del Observatorio, explicó que en diversas instancias con operadores judiciales se pudo relevar que “los jueces aún no han sido informados de la existencia de esa unidad auxiliar” por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La unidad fue creada en agosto y la resolución ministerial establece que se trata de una dependencia de la Dirección de Asuntos Internos del MI, cuya responsable es la abogada María Stella González.
González ya comenzó a trabajar al frente de la unidad especial y tras mantener una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, éste elaboró un oficio por el que informó a los representantes del Ministerio Público sobre la existencia de la unidad auxiliar y sus cometidos. Pero si bien los fiscales ya están al tanto de que pueden pedir la colaboración de este equipo especial en las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado, los jueces no han recibido ninguna circular que les informe sobre la nueva herramienta. Consultado sobre esta situación, el vocero de la SCJ Raúl Oxandabarat explicó que aunque no tiene información de si la SCJ ya recibió un comunicado del MI sobre el tema, “los interesados pueden enviar una nota a la Corte solicitando que se les notifique a los magistrados la resolución del MI. Es un procedimiento habitual”.
A pesar de esta situación, una magistrada ya pidió el auxilio de la unidad para la investigación de un caso a su cargo. Se trata de la jueza Penal de 14º Turno, María Helena Mainard, quien solicitó apoyo para el caso de la denuncia de torturas contra el oficial de la Fuerza Aérea Rodolfo Rolando, destituido y preso político de la dictadura que falleció poco después de ser liberado en 1985. Se trata de una de las dos causas que fueron recientemente desarchivadas por iniciativa del Observatorio, y Mainard fue informada de la existencia de la unidad en una reunión con representantes de la organización. Olivera dijo que “la preocupación” es que “la sociedad civil hace toda la gestión para crear la unidad y después también tiene que estar comunicándole a los jueces que la unidad existe”.
Los integrantes del Observatorio sostienen que la resolución que la creó “está muy bien”, pero advierten que “no va a poder cumplir con su cometido si no le habilitan los recursos materiales y humanos, y si los que pueden hacer uso del instrumento no saben que existe”, expresó Olivera. Oxandabarat dijo que aunque no exista un comunicado de la SCJ los magistrados pueden pedir la intervención de la unidad porque “la Policía es la auxiliar de la Justicia en materia de investigaciones”. Según pudo saber la diaria, ni González ni otras autoridades del MI se han reunido con la SCJ por este tema.
Los menos
El Observatorio se encuentra procesando información para presentar una evaluación del progreso de los procesos judiciales durante el año, y en particular del impacto sobre los jueces del fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (18.831). Según datos recabados en el relevamiento, solamente dos jueces han procedido a archivar causas luego del fallo de la SCJ. Se trata de la jueza Penal de 6º Turno, Fanny Canessa, y el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal.
Este fin de semana el Observatorio se reunirá en Tacuarembó, el departamento del interior con mayor cantidad de denuncias presentadas, con denunciantes y abogados para continuar el relevamiento de la situación de las causas.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió ayer una declaración en la que considera que el fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es contraria a la legislación internacional sobre derechos humanos. Según informó Efe, el organismo entiende que la SCJ “no reconoce” que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir.
El informe, que incluye conclusiones y recomendaciones, insiste en que Uruguay debe encontrar “una solución que se ajuste plenamente a sus obligaciones” y recuerda al país que “las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar actos de tortura”. El presidente del comité, Nigel Rodley, dijo en conferencia de prensa que se ha enviado un mensaje directo al Poder Judicial uruguayo, que es la parte del Estado “que se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones”, y que debe reconsiderar su decisión.