El diputado frenteamplista Luis Puig (PVP) ofició como miembro informante del proyecto. La iniciativa consagra la responsabilidad penal para los empleadores que incumplen normas de seguridad o de salud en el trabajo. Puig recordó que, según datos del Banco de Seguros del Estado (BSE), en 2010 hubo 50.000 accidentes, 50 muertos y 500 incapacitados permanentes. Sostuvo que el objetivo de la norma es “proteger la vida”, y manifestó que “históricamente, las cámaras empresariales han rechazado cualquier tipo de legislación de protección de los derechos de los trabajadores”. Frente a críticas surgidas desde la oposición y desde las cámaras empresariales, afirmó que la iniciativa da “garantías” a los empleadores.
El diputado Pablo Abdala fue el encargado de expresar la visión del PN. El proyecto del PN parte de la base de que ya existe la responsabilidad penal del empleador en caso de accidente grave o mortal, siempre y cuando se confirme su culpabilidad. Pero a raíz de la constatación de que hay pocas denuncias penales en estos casos, hace hincapié en el rol de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social para registrar incumplimientos y efectuar la denuncia penal correspondiente.
Abdala sostuvo que su propuesta parte “del mismo propósito de procurar la defensa de la vida y la salud y de la integridad física de los trabajadores y las personas en general”, y que “apunta al encarcelamiento de los malos empresarios”.
De todo
Durante la sesión hubo reiteradas evocaciones a José Batlle y Ordóñez, tanto de oficialistas como de opositores, se habló del Plan Juntos y del quincho de Varela, y todos reclamaron para sí la defensa de los trabajadores. Abdala sostuvo que el hecho de que haya descendido el número de muertes por accidentes laborales a partir de 2005 “no es mérito del gobierno sino de la negociación colectiva”. Puig le recordó que durante el gobierno del PN no existió la negociación colectiva y que ésta “tiene que ver con el gobierno del FA”. El diputado socialista Gustavo Bernini, en tanto, enumeró todas las leyes de protección de los derechos de los trabajadores que aprobó el FA.
Dijo que “todos los penalistas” que asistieron a la Comisión de Legislación del Trabajo “se opusieron al proyecto [oficialista]”. Mencionó que la iniciativa “propone consagrar un delito de peligro”, y opinó que el concepto de “peligro grave y concreto” presente en el texto es “abstracto” y queda librado a la interpretación del juez. Esto, evaluó Abdala, “es una forma de hacer tabla rasa, pone en el mismo plano a los buenos y malos empresarios”.
A su turno, el diputado colorado Fernando Amado coincidió con este punto. Cuestionó que no se sepa “cuáles serán las conductas delictivas”, ya que el proyecto remite a “normas y reglamentos” en materia de seguridad y salud. “Me opongo a que el Poder Ejecutivo tenga el poder de determinar qué es delito y qué no”, señaló, y consideró que este punto es “inconstitucional”. Puig le contestó que en el Código Penal hay otros delitos que remiten a normas y reglamentos, por ejemplo la violación de disposiciones sanitarias reglamentarias instituidas por el Ministerio de Salud Pública.
Amado consideró que el proyecto está “ideologizado”. Puig le respondió que así es. “Lo aceptamos orgullosamente, hace muchos años que asumimos la lucha por la defensa de los trabajadores y sus derechos”, manifestó. El proyecto del PC proponía no limitar la responsabilidad a los empleadores y extenderla a cualquier sujeto, y eliminar la referencia a “normas y reglamentos”.
Andrade destacó que la discusión del proyecto en cámara tiene el “enorme mérito” de “sacar de la clandestinidad un drama social tremendo”. Contó que la misma tarde en la que mataron al pizzero de La Pasiva, un asesinato que fue transmitido en forma reiterada por los informativos de televisión, murió un obrero de la construcción, mientras trabajaba junto a su hijo, y “nadie se acuerda de eso”. Dijo que hay 21.000 trabajadores que cobran rentas por discapacidad permanente y que se ha “naturalizado la barbarie”.
Al cierre de esta edición, la discusión continuaba, pero el FA tenía los votos para aprobar la iniciativa.