Lo medular es que el petróleo y el gas se mantienen como propiedad de la nación, pero su búsqueda y extracción podrá estar a cargo de particulares mediante contratos con Pemex. A su vez, la petrolera estatal cambia su estatus de organismo descentralizado para convertirse en una empresa que estará sujeta a controles de eficacia, eficiencia, productividad y transparencia.
Las lecturas que hacen de la reforma el PRI y el PAN, por un lado, y el PRD, por el otro, son, obviamente, distintas: los primeros sostienen que no se trata de una privatización, porque los recursos naturales siguen en manos del Estado; el segundo argumenta que, como se entrega a privados una gestión que podría ser desarrollada por el Estado, sí se trata de una privatización. Además, unos y otro interpretan de manera diferente qué permitirán las concesiones que se habilitaron; los primeros aseguran que no se aplicarán a la explotación de petróleo y el segundo sostiene que sí podría aplicarse, ya que el texto no lo prohíbe explícitamente.
El gobierno considera que esta reforma es clave, porque hará posible reimpulsar la estancada producción de hidrocarburos en México -que cayó de los 3,4 millones de barriles diarios que producía en 2004 a 2,5 millones en los últimos años- abriéndola a las empresas privadas, lo que a su vez serviría para impulsar la economía.
El PAN y el PRI unieron a sus legisladores para obtener la mayoría y darle continuidad al proyecto pasándolo para su análisis a la cámara baja, en la que se prevé que sea ratificado. Cuando se complete el trámite parlamentario, la estatal Comisión Nacional de Hidrocarburos será la que se encargue de otorgar los contratos a las compañías para la exploración y extracción. Sin embargo, habrá que esperar la reglamentación de la ley para que se clarifiquen algunos puntos que podrían ser determinantes, como cuántos derechos podrán adquirir esas empresas privadas o con qué criterio serán seleccionadas.
El debate en el Senado fue intenso y extenso. El PRD manifestó su malestar mediante pancartas y carteles, pero también “ocupando” el estrado de los oradores y transmitiendo, desde una tablet y ante el micrófono, el discurso que había dado en 1938 el entonces presidente Lázaro Cárdenas cuando se dispuso la expropiación petrolera que nacionalizó el sector. El principal partido de izquierda en el Parlamento exigió que se suspendiera el debate hasta que se terminara de aprobar la ley de consulta popular (ver recuadro), lo que fue rechazado.
Durante el extenso debate en el Senado, se expresaron otras críticas; por ejemplo, que la reforma no ataca el problema de corrupción que afecta a Pemex. El gobierno asegura que sí se hace un intento en ese sentido con esta reforma porque se excluye al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex. Históricamente los trabajadores han estado muy vinculados con la gestión de la empresa estatal, y desde hace más de 70 años integran el consejo que la gobierna, en el que los representan cinco de los 15 miembros.
Esta exclusión, que se decidió a último momento a instancias del PAN, le valdrá también algún dolor de cabeza al PRI, ya que el sindicato petrolero está muy vinculado al partido, al punto de que su presidente es el senador del PRI Carlos Romero Deschamps.
Después de haber sido validada en el Senado, la reforma pasará a Diputados, donde no será tratada por comisiones sino directamente por el plenario. Para entrar en vigor deberá, además, ser respaldada por al menos 17 de los 32 parlamentos estaduales, ya que se trata de una modificación de la Constitución y lleva implícito ese requisito.
También a Diputados se dirigieron durante la mañana de ayer las protestas de varios sectores de izquierda y de movimientos sociales y vinculados a los trabajadores de Pemex, que durante la última semana levantaron un campamento alrededor de la sede de la cámara alta. Entre ellos estaba el Movimiento de Regeneración Nacional, liderado por el dirigente de la izquierda mexicana Andrés Manuel López Obrador, que calificó la aprobación de la reforma energética como un “golpe de Estado”. La izquierda ha insistido en que antes de hacer una reforma de tal trascendencia se realice una consulta popular para saber qué piensa la población, un reclamo que no ha sido atendido por el resto del espectro político.