También avanzaron, pero en la Cámara de Diputados, dos leyes relevantes para los movimientos sociales mexicanos. Por un lado, la Ley Federal de Consulta Popular, que permite que se utilice este mecanismo en temas “de trascendencia nacional”, que se especifica que son aquellos que repercuten en la mayor parte del territorio o en una parte “significativa” de la población. Quedan expresamente excluidos los asuntos electorales, de ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y los asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas.
Según la ley, que debe ser tratada en el Senado, la consulta puede ser convocada por 2% de la ciudadanía, 33% de los legisladores o por el presidente. Su resultado será vinculante cuando la participación supere 40% de los ciudadanos habilitados para votar. También se señala que el Instituto Federal del Elector promoverá la difusión y discusión del tema que sea consultado, pero no se permitirá que se contrate propaganda para difundir las distintas posturas.
Otra ley aprobada ayer en dos comisiones de Diputados -la del Distrito Federal y la de Derechos Humanos- es la que reglamenta las movilizaciones, que prohíbe los bloqueos totales de calles, los insultos o amenazas y el uso de violencia, y establece que se deberá pedir permiso antes de hacer manifestaciones.