Casi un año después de la media sanción obtenida en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado está cerca de lograr su aprobación definitiva. Pero primero deberá volver a Diputados, ya que el texto tuvo varias modificaciones. El Centro de Estudios de Software Libre (Cesol) no comparte los cambios porque, entiende, “debilitan” la iniciativa.
El software libre, a diferencia del “privativo” o “propietario”, permite que su código esté disponible para modificarlo y compartirlo sin costo alguno, y evita el pago de licencia para su utilización. Con esta premisa, el debate se focalizó entre quienes consideran que la norma restringe la libertad de elección de los informáticos y aquellos que opinan que la regulación garantiza la independencia tecnológica del Estado, además del ahorro de dinero que permite.
Luego de su aprobación en la cámara baja, el trámite parlamentario continuó en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que este año recibió a actores vinculados al tema, entre ellos la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI), la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Cesol y otros colectivos y organismos del Estado.
Para el senador frenteamplista Daniel Martínez (Partido Socialista), el texto presenta “cambios conceptuales” que son parte de “lo acordado”. En el último tiempo el proyecto se debatió en la bancada del Frente Amplio.
El artículo 2º generó controversia y fue objeto de los cambios más relevantes que acordaron los senadores. Este tramo del proyecto establece la preferencia por licenciamientos de software libre cuando se contraten sistemas informáticos en los organismos del Estado. Inicialmente, el artículo preveía la posibilidad de contratar software privativo, pero se debía fundamentar la razón con base en “aspectos técnicos que no puedan ser resueltos por software libre”. Sin embargo, en el texto sustitutivo no se establece que la fundamentación deba ser técnica.
Este artículo también preveía en su redacción original que si se contrataba o se desarrollaba software, el sistema informático se licenciaría como libre. En cambio, la nueva redacción establece que los organismos del Estado deben tener licencia libre sólo si eligen distribuir el software que contraten o desarrollen. La modificación se debe a que organismos como el Banco República y UTE, que producen software, entendían que se los obligaba a liberar el código fuente. Sin embargo, quienes apoyan la iniciativa sostienen que el software libre no obliga, sino que otorga libertades, entre ellas la de distribuirlo libremente. “Parecería que va a ser software libre sólo cuando se lo distribuya. La ley no obliga a distribuir sino a licenciar”, expresaron integrantes de Cesol respecto de esta modificación. Agregaron que esto refleja “desconocimiento” del tema.
Otro cambio es la eliminación del tramo que establece que el licenciamiento libre incluye “el acceso como software libre al o a los programas necesarios para el desarrollo”. En este sentido, al quitarse esta cláusula, las herramientas que se utilicen para la fabricación de ese software ya no tienen que ser libres necesariamente.
El proyecto se iba a aprobar ayer en el plenario de senadores, pero por razones de agenda se pospuso para hoy. No obstante, se llegó a realizar la exposición de motivos, en la que varios senadores manifiestan que las modificaciones contemplan a empresas nacionales, que “no podrían venderle al Estado porque utilizan líneas de código no libre”.
Martínez expresó que se trata de apuntar a “un proyecto país”, que implica “el desarrollo tecnológico global” y que tiene por objetivo “diversificar la matriz productiva”. El legislador oficialista espera que el proyecto esté finalmente aprobado antes de terminar el año. A su vez, Cesol estudia la posibilidad de emitir un comunicado cuando eso suceda.