Este mes de febrero se caracteriza, como pocas veces, por hechos políticos significativos y relacionados con cuestiones de fondo, que han recalentado la coyuntura. Hay quienes hablan de una ofensiva reaccionaria para defender los intereses de los grandes terratenientes y la impunidad de los violadores de los derechos humanos, y también quienes alertan sobre una arremetida frenteamplista contra el Poder Judicial, la legalidad y las libertades democráticas. Parece la situación más “argentina” desde que el Frente Amplio (FA) asumió el gobierno nacional en marzo de 2004, pero las apariencias engañan en cierta medida.
Hay oficialistas y opositores casi felices en medio de la tormenta: los primeros denuncian una resistencia de la derecha que de algún modo les otorga patente de revolucionarios; los segundos proclaman que por fin se revelan con claridad las intenciones totalitarias del FA y la necesidad de hacerle frente para que el país no termine como Venezuela y Cuba. Unos y otros se parecen a quienes sostenían, hace décadas, aquello de que “cuanto peor, mejor”, deseosos de que se “agudizaran las contradicciones” para que mucha gente se diera cuenta de que ellos siempre habían tenido razón, y desesperados por hallar en la realidad algún punto de apoyo para sus relatos épicos.
Sin embargo, y por más que los responsables del semanario Búsqueda hayan decidido dedicar ayer más de seis páginas a noticias y opiniones vinculadas con “el ataque al Poder Judicial”, empezando con un editorial de página entera que lleva ese título, para no “permanecer pasivos ante la gravedad de los acontecimientos”, seguimos viviendo en Uruguay, donde a casi todo se le aplica el amortiguador.
En general, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) nunca se han destacado por su vocación de lucha en primera fila contra ningún oficialismo. Muy por el contrario, los cortesanos se comportan habitualmente con cortesía. Suelen ser gente muy ducha en el arte de convivir, sin que la sangre llegue al río, con los partidos. Es lógico, ya que los partidos, mediante sus bancadas en el Parlamento, tienen la potestad de designar a los integrantes de la SCJ, fijan sus sueldos y definen gran parte de las cuestiones referidas a la organización y el presupuesto del Poder Judicial.
Por ese motivo, si no hubiera habido en el FA quienes pensaban que la manera de actuar de la jueza Mariana Mota rebasaba los límites de lo conveniente, o que el proyecto del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales fue una chambonada, habría sido muy poco probable que los magistrados de la SCJ decidieran lo que decidieron.
El miércoles, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, se comenzó a discutir el modo en que se procesan las diferencias dentro del oficialismo frenteamplista. El problema es consecuencia, obviamente, de que hay diferencias, algunas de ellas acerca de asuntos muy relevantes. Al final de esa reunión, el presidente José Mujica dijo que no había “ningún cambio de rumbo”, y se puede agregar que para que lo hubiera sería necesaria, en primer lugar, la existencia de un rumbo claro y compartido. Estamos más bien ante lo que en Física se llama una resultante, a partir de fuerzas ejercidas en diversos sentidos, y es probable que la creciente cercanía de las elecciones aumente la dispersión. Esto no es, por cierto, responsabilidad de la SCJ, ni de quienes cuentan qué se dijo en una reunión a puertas cerradas. Y tampoco se arreglará “queriéndose más”, mientras falten debates y acuerdos políticos.