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Concejal colorada y propietaria del Abitab de San Bautista procesada por estafa millonaria.

El lunes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado analizará la situación y todo indica que será suspendida preventivamente hasta tanto se conozca la sentencia firme. En primera instancia, la dirigente Delia Rivera fue enviada a prisión junto a su esposo en el marco de una causa que lleva adelante el Juzgado del Crimen Organizado de Segundo Turno, en coordinación con el Departamento de Delitos Complejos de Interpol. El monto de la maniobra alcanza los 7.000.000 de pesos.

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San Bautista está ubicada en la intersección de las rutas 6 y 81, a 30 kilómetros de la capital canaria y alberga 4.045 habitantes. Junto con Soca es uno de los bastiones colorados de Canelones, que cuenta con 29 municipios. El Frente Amplio, que es gobierno en lo departamental, es minoría en el Concejo Municipal de San Bautista, donde tiene un integrante, Gonzalo Álvarez, que pedirá explicaciones en la próxima sesión ordinaria.

La instancia política tendrá lugar el jueves en la escuela rural ubicada en el barrio El Cuadro y no en su sede habitual, ya que el concejo decidió sesionar en diferentes lugares del municipio. “Queremos saber qué dice el alcalde, pedir información concreta y saber si presentó renuncia”, dijo Álvarez a la diaria. El concejal añadió que “lo único que hay en el pueblo son rumores” y que no logró acceder a información oficial. Su colega nacionalista Óscar García se limitó a afirmar que su bancada “no tiene información”.

El alcalde, Omar Negri (Partido Colorado [PC]), dijo estar al tanto de que Rivera está privada de libertad en Montevideo pero que “en el partido se tomarán las medidas respectivas que correspondan llegado el momento”. No obstante, al ser consultada por la diaria, la secretaria general del PC, la diputada Martha Montaner, señaló que le parece “preocupante” el caso y el lunes se tratará el tema en la habitual reunión del CEN. “Va a ser suspendida del PC hasta que esté su sentencia”, señaló.

Montaner enfatizó que Rivera es suplente del Concejo de San Bautista. Añadió: “Esto le puede pasar a cualquier partido, todos tienen gente que no tiene valores. Le pasó al FA con el alcalde de Atlántida [Walter González, procesado con prisión por el delito de “apropiación indebida” en setiembre] y con un ex diputado del Partido Nacional de Rocha [Pedro de León, procesado por contratar un sicario para matar a una mujer embarazada fruto de una relación con su hijo]”, consideró.

En tanto, el director de Gobiernos Locales de la comuna, Sergio Ashfield, señaló que sólo se cuenta con “información extraoficial” y que se está a la espera de lo que ocurra el jueves. “Por ahora no tenemos cómo actuar; cuando el alcalde nos proporcione la información obraremos en consecuencia”, precisó.

Policías en acción

El viernes fue el día elegido por la jueza Adriana de los Santos junto con la fiscal Mónica Ferrero para cerrar la primera etapa de las pesquisas, llevadas adelante por personal de Interpol. El expediente se había abierto a raíz de las denuncias de empresas y particulares de varios departamentos. La información confirmada hasta el momento por la diaria sobre la base de fuentes policiales y judiciales indica que parte de la maniobra consistía en la adquisición de bienes mediante la entrega de cheques a nombre de Abitab cuya cuenta en la sucursal del Banco República de San Bautista no tenía fondos, lo cual motivó incluso que la institución se la cerrara.

Son varios perjudicados, entre ellos un rematador y comerciante de Dolores, Soriano, además de firmas canarias y de otros departamentos. La detención de la mujer y su esposo -ambos propietarios de la sucursal de la red de cobranza en San Bautista- estuvo a cargo de personal de la Seccional 12ª local, única intervención que tuvieron en los hechos. De ahí fueron conducidos en calidad de indagados, y con el cúmulo de pruebas que se habían reunido la jueza hizo lugar al pedido fiscal y envió a la pareja a prisión. Hasta ayer ambos estaban alojados en la Cárcel Central sita en la Jefatura de Policía de Montevideo, un paso obligado para todos los procesados en la capital, ya que allí son fichados por Policía Técnica antes de ser derivados a otros centros de reclusión.

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