Decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu que los actores del Poder Judicial buscan conservar el monopolio del derecho, que supone conservar también el monopolio de la violencia simbólica legítima. Para ello, entre otras acciones, utilizan lenguaje especializado, y procuran que las discusiones jurídicas las den sólo los únicos presuntamente habilitados a opinar; los “profesionales” y no “los profanos”.
Esta situación, que se da también en otros campos profesionales, oculta el hecho de que el peso de los argumentos depende en gran medida del nivel de “capital” que posea quien los esgrime -por ejemplo, de su cargo o de su trayectoria-, y también oculta que detrás de cada agente que enuncia un discurso hay una persona con opiniones políticas determinadas y con una trayectoria que a la vez condiciona y da cuenta de esas opiniones.
Los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que consideraron que la Ley Interpretativa de la Caducidad debía ser declarada inconstitucional comenzaron sus carreras en la dictadura cívicomilitar. Ruibal Pino lo hizo en 1977 como fiscal letrado en Rivera, Larrieux en 1980 como juez de paz en Colonia, Chediak en 1978 como juez de paz en Colonia, Chalar en 1973 en el juzgado de Paz de Montevideo. Algunos de ellos, como Chalar, incluso ascendieron en tiempos en que impartir justicia y ocupar un cargo institucional a tales efectos podía ser considerado una contradicción insalvable. Otros, como Ruibal Pino, se desempeñaron como jueces penales en dictadura. En cambio, quien votó en contra de la inconstitucionalidad, Ricardo Pérez Manrique, recién ingresó a la carrera judicial en 1989, pese a haberse graduado como abogado en 1973.
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Los actuales ministros de la SCJ fueron designados cuando el Frente Amplio contaba con mayoría parlamentaria. Para este tipo de nombramientos se precisa la conformidad de dos tercios de los integrantes de la Asamblea General, por lo que son necesarios acuerdos políticos. Pérez Manrique fue el único ministro de la SCJ designado a propuesta del Frente Amplio. Larrieux y Chediak fueron propuestos por el Partido Nacional y Chalar por el Partido Colorado.
Ruibal Pino fue designado siguiendo el criterio de antigüedad. Este último ministro fue quien tenía a su cargo la desaparición del maestro Julio Castro cuando fue amparada en la Ley de Caducidad en 1989, según lo recordó el viernes el periodista Roger Rodríguez en su artículo “Bajo la toga y sin peluquín”, publicado en Caras y Caretas. Fue también quien declaró que la jueza Mariana Mota fue trasladada por la “sobreexposición” que tuvo y por las investigaciones administrativas que se le realizaron, que incluyeron su presunta participación en la marcha del silencio y declaraciones que presuntamente afectaban su imparcialidad. En otro orden, fue quien defendió en 2008 el ingreso de sus dos hijas al Poder Judicial por designación directa, en momentos en que se discutía en el Parlamento incorporar la exigencia de concursos o sorteos para el ingreso de funcionarios. Argumentó que el ingreso de sus hijas le había dado buenos resultados.
Chediak, en tanto, se pronunció a favor de evaluar la baja de la edad de imputabilidad y de aumentar a diez años la pena máxima por delitos gravísimos cometidos por adolescentes. Incluso realizó una evaluación general sobre las políticas de niñez y adolescencia. “Desde 2004 hemos transitado el camino de la benignidad”, manifestó en junio del año pasado, en la comisión bicameral de Seguimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, respecto a la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Pérez Manrique, en cambio, entiende que tanto el mantenimiento de los antecedentes de los menores que infringen la ley como la baja de la edad de imputabilidad serían inconstitucionales. Los cinco ministros tienen custodia policial luego del fallo que declaró la inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad.