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Qué dirá el santo padre

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Hubo “matrimonio” por conveniencia entre la Iglesia Católica argentina y los militares.

Concluyó días atrás un juicio contra ex militares por la ejecución de dos curas, y en los próximos meses se espera que comience otro por el asesinato de un obispo. La persecución de algunos sacerdotes durante la dictadura argentina no es novedosa, pero por primera vez la Justicia se adentra en estos caminos y ratifica en una sentencia que la Iglesia Católica fue “cómplice de crímenes” de lesa humanidad cometidos por el régimen.

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Fue un tribunal de la provincia de La Rioja el que condenó a cadena perpetua a tres ex militares -entre ellos, Luciano Menéndez- por el homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, quienes desaparecieron en 1976.

El fallo, emitido el miércoles, señala que se esperaba de la Iglesia “una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos [del gobierno militar] y a quienes, de una manera u otra, permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos”.

La alta jerarquía católica sabía de los asesinatos y torturas de los que eran víctimas algunos de sus miembros y miró hacia otro lado, escribieron los tres jueces de la causa en los fundamentos de la sentencia. Toleró e indirectamente avaló la persecución y desaparición de sacerdotes, en su mayoría integrantes del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo -entre ellos, Murias y Longueville-,
conformado en buena parte por religiosos de origen pobre y que se opusieron a la dictadura.

“No se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto, presididos por móviles particulares”, se aclara en el dictamen, sino “de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos” en el que estaban incluidos estos curas, que “formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado ‘enemigo’”. Además, los jueces sostienen que “persiste” una “actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso del clero al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”, y dan un ejemplo: cuando se quiso inspeccionar la parroquia de la que fueron secuestrados Murias y Longueville -con aviso previo- el párroco les impidió entrar.

Entre los documentos aportados en la causa están los revelados meses atrás por el periodista de Página 12 Horacio Verbitsky, que dan cuenta de cómo el episcopado asesoró a las Fuerzas Armadas sobre cómo y qué decir sobre la desaparición de personas, así como una reunión de la cúpula con el presidente de facto Jorge Videla en 1978.

Ambos curas fueron detenidos, interrogados y luego, ejecutados. Quince días después fue asesinado el obispo Enrique Angelelli mientras trasladaba documentación sobre la persecución sistemática de curas. Su asesinato fue encubierto como un accidente de tránsito; versión aceptada por la Iglesia.

Confesión

El fiscal de la causa, Carlos Gonella, dijo a Página 12 que “quedó especialmente claro que la Iglesia tuvo un papel pasivo, pero que también fue parte en toda la represión en general”. Agregó que se espera que este año empiece el juicio oral por el asesinato de Angelelli.

Por su parte, Cristina Murias, hermana de uno de los curas asesinados, señaló que durante el juicio algunos de los sacerdotes que declararon reconocieron que hubo un “matrimonio entre la cúpula de la Iglesia y los militares”.

En el juicio también se recordó que hubo otros tres curas de La Rioja que fueron detenidos y torturados, antes del golpe de Estado, los cuales había recibido la advertencia de que Angelelli sería asesinado.

Entre las diligencias tramitadas durante este proceso se cuenta la reconstrucción, en base a documentos y testimonios, de un encuentro entre Angelelli y el cardenal Raúl Primatesta -obispo católico ya fallecido, estrechamente vinculado a la dictadura y opositor a una autocrítica sobre el rol de la institución-, en el cual el primero le dijo: “Me están matando a los corderos”. Su respuesta fue: “Eso le pasa por meterse con esas cosas”.

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