La Fundación Propuestas (Fundapro), del sector Vamos Uruguay (VU) del Partido Colorado (PC), volvió a atacar la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en un documento divulgado ayer y que forma parte de su tercer reporte. “Una aproximación al fenómeno de la violencia letal en Uruguay” se llama el nuevo trabajo, elaborado por el director de esta fundación, Guillermo Maciel, y por el doctor en química Óscar Ventura.
El proyector de la antesala de la Cámara de Diputados mostraba la imagen de una silueta dibujada en el suelo (como suelen aparecer en las películas estadounidenses en la escena del crimen), con una suerte de mancha roja en uno de los hombros de la figura, que representaba la sangre. Por si quedaban dudas, la presentación de Power Point explicaba que se trataba de un “análisis de la violencia letal que implica en particular el estudio de los homicidios”. Luego de eso Maciel -que estaba en la mesa junto al diputado Fitzgerald Cantero y la secretaria general del PC, Martha Montaner- ofreció un resumen del informe.
Pero el plato fuerte que aportó esta vez Fundapro fue la crítica a la política de desarme llevada adelante por el Ministerio del Interior (MI). La fundación asegura que la campaña “Armas por la vida”, impulsada por esa cartera, no funcionará “más que en forma marginal”. Se trata de un programa en el cual el ciudadano entrega un arma y recibe a cambio un “arma para la vida”, que puede ser una herramienta para el conocimiento, como una ceibalita, o una para el esparcimiento, como una bicicleta.
Desde Fundapro aseguran que esa estrategia “ya se probó en todos lados y se constató su fracaso”. “En los lugares en que se implementaron estas campañas, incluso intercambiando armas por dinero, no dieron resultado”, asegura el informe, que ejemplifica con algunas menciones a políticas aplicadas en otros países.
También se sostiene que esta política está basada en una hipótesis errónea, ya que “si el deseo de matar existe, la falta del instrumento no será óbice” y, en caso de que se aplique esta estrategia, “la gran mayoría de las armas que se entreguen serán inútiles o estarán en manos de personas que no las usarían para delinquir”. “La persona que delinque usando armas no las va a dar a cambio de una bicicleta o una computadora”, sostiene Fundapro, y luego afirma que “está demostrado en el mundo que el problema no son las armas”, sino “los delincuentes armados y en la calle”.
Además, subrayan que países que tienen mayor cantidad de armas cada 100 habitantes que Uruguay (que tiene 32) muestran menores tasas de homicidios (pusieron como ejemplo a Finlandia y Suiza). Según advierten en el informe, la aplicación de mecanismos prohibicionistas en la tenencia de armas sólo logrará “convertir a miles de personas honestas” en delincuentes “de la noche a la mañana” y fomentar la existencia de un “mercado negro o ilegal de armas”. También significaría violar la Constitución que “garantiza el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad física” y “facilitarles el trabajo a los criminales al encargarse el Estado de desarmar a sus potenciales víctimas”.
Otros tiros
Otra crítica al gobierno estuvo, de nuevo, referida al debate iniciado por Fundapro en noviembre, a partir de la pregunta ¿qué se entiende por homicidio? En su primer informe, la fundación de VU mantuvo diferencias de criterios con el gobierno al contabilizar en el registro anual algunos asesinatos hechos por policías como parte del accionar policial o de personas en su legítima defensa, categorías que el MI no tuvo en cuenta en sus datos de homicidios anuales, alegando que ése es el criterio que se utiliza internacionalmente.
A raíz de esto, el número de homicidios contabilizado por Fundapro fue mayor que el del MI, por lo que el titular de esa cartera, Bonomi, cuestionó la validez de los datos. No obstante, ayer Fundapro defendió la contabilización de los homicidios “justificados”, alegando que tanto éstos como los “homicidios criminales” son “un indicador de una situación de violencia cuya resultante es la muerte de un ser humano”. Luego citó un texto del actual director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, Javier Donnangelo, quien en un trabajo realizado en setiembre de 2006 (llamado “Evolución y patrones recientes de la criminalidad en Uruguay”) “reconocía y contabilizaba expresamente los homicidios justificados”. Según el informe, hasta 2011 el MI contabilizó todos los homicidios, pero a partir de 2012 sólo lo hizo con los criminales.
El material divulgado por la fundación indica que en enero y febrero de este año hubo 59 muertes por “violencia letal”, y repitió una vez más la contabilización tanto de homicidios “criminales” como “justificados”. De acuerdo con esos datos, 82% de las víctimas son hombres, 53% fueron asesinadas en la calle, la “mayoría” (57%) no registraba antecedentes penales y 63% fueron cometidos en Montevideo. De esos 59, 85% (50) fueron homicidios “criminales” y el 15% restante (nueve) fueron los denominados “legales”.
Los homicidios, según Fundapro, se concentran en determinados barrios durante los fines de semana y las víctimas suelen tener entre 20 y 29 años. Tanto éstas como los victimarios suelen ser de bajos ingresos y “provenir del mismo grupo”.
El informe propone imitar medidas de otras ciudades que tuvieron éxito en la baja de la tasa de homicidios, como Washington DC, Nueva York e Irving (Estados Unidos), Madrid (España) y Bogotá (Colombia). En las ciudades estadounidenses se destaca el sistema Compstat como una forma de evaluación de los jefes de las seccionales policiales, en la que deben asumir responsabilidad por los resultados, la “tolerancia cero”, la autoridad policial para revisar personas en las calles, la internación de drogadictos peligrosos y las políticas sociales con los jóvenes que eventualmente también puedan serlo.
Consultados ayer por la diaria respecto de este tema, Bonomi; el director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del MI, Javier Donnangelo; y el director general de Secretaría de esa cartera, Charles Carrera, se excusaron de hacer declaraciones porque no habían leído el informe de Fundapro.