Ayer tenía que presentarse a declarar como indagado el ex oficial del Regimiento de Caballería Nº 9 Julio Litovsky, citado por la jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, pero el militar retirado no concurrió. La magistrada tiene a cargo la causa que investiga maltrato y abuso sexual contra 28 mujeres detenidas en diferentes dependencias militares durante la última dictadura. La denuncias fueron presentadas en octubre de 2011 e involucran no solamente a quienes cometieron los delitos sino también a los oficiales que no actuaron para evitarlos.
Se trata de la primera citación a un militar retirado por violaciones a los derechos humanos, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que hace algunas semanas declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad.
El abogado patrocinante de la denuncia, Federico Álvarez Petraglia, explicó a la diaria que existe alguna posibilidad de que la citación “no le haya llegado” a Litovsky, pero si se comprueba que “efectivamente la recibió y no fue por propia voluntad, corresponde que sea conducido”, un procedimiento que le compete a la Policía.
En el marco de esta misma causa está previsto que hoy a las 13.30 declare Héctor Lascano, el jueves debería hacerlo Orosmán Pereyra y en los primeros días de abril, Jorge Pajarito Silveira, Ariel Ubillos, José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez.
Pero los denunciados son más de 100, incluyendo militares, policías, médicos y enfermeras que operaron en una veintena de lugares, tales como centros de detención clandestinos, establecimientos carcelarios, Hospital Militar y diversas unidades castrenses. Es la primera denuncia vinculada a delitos de este tipo que involucra a personal militar femenino.
Álvarez Petraglia opinó que el reciente fallo de la SCJ “no afecta directamente este proceso” y además “no dice que haya que archivar los expedientes”. En este caso, “de una forma u otra, la jueza y la fiscal están mostrando sin decirlo que entienden que estos delitos no prescribieron, que son de lesa humanidad y por eso continúan con la instrucción”, agregó el abogado.
Sin embargo, advirtió que “seguramente la defensa de los militares va a pedir en estos días la prescripción”. Estos pedidos podrían generar resoluciones en primera instancia o requerir la intervención de instancias superiores. Por ejemplo, si el Tribunal de Apelaciones comparte los fundamentos de la SCJ y entiende que estos delitos están prescriptos “puede acoger los pedidos”, explicó Álvarez Petraglia. La presentación de estos recursos “no detiene la instrucción”, pero si se interponen recursos de inconstitucionalidad, sí hay “un efecto suspensivo”, añadió el abogado.
Pero como hay un expediente formado por cada denunciado, el efecto de estos recursos sólo afectaría al expediente del indagado que presenta el recurso de inconstitucionalidad y para que el juicio se paralice se deberían presentar “tantos recursos como expedientes existen”, concluyó Álvarez Petraglia.