El proceso se inicia hoy en Buenos Aires y estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1; abarca 106 casos de víctimas del Plan Cóndor, entre las que se encuentran uruguayos, argentinos, paraguayos, bolivianos, chilenos y un peruano.
Según informó ayer el diario argentino Página 12, pasarían por el juicio 450 testigos y el proceso duraría aproximadamente dos años. Hay 25 represores acusados, entre ellos el uruguayo Manuel Cordero y los argentinos Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone (ambos dictadores y condenados a cadena perpetua por otras causas), Santiago Riveros y Luciano Benjamín Menéndez.
El ex militar uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini fue detenido en Brasil el 26 de febrero de 2007, pero pasó a cumplir prisión domiciliaria en su casa de Sant’Ana do Livramento debido a su estado de salud. Sin embargo, varias veces fue interceptado por medios de prensa uruguayos que denunciaron que salía de su domicilio sin custodia para hacer mandados o ir a cobrar la jubilación.
En enero de 2010 fue detenido para ser extraditado a Argentina, por las causas del Plan Cóndor y Automotores Orletti, pero el Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió la extradición sólo por los casos relacionados con la primera, lo que inhabilitó a la Justicia argentina a procesarlo en la otra causa, a pesar de ser uno de los más reconocidos represores en Orletti. En el proceso que comienza hoy está acusado por el delito de privación ilegítima de libertad.
El fiscal a cargo de la instrucción, Miguel Osorio, explicó a Página 12 que la causa se abrió “con una denuncia muy bien fundada hecha por Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú” y que “se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del delito permanente”. Además, el fiscal indicó que “se ha secuestrado a una persona; que todavía no se sabe qué sucedió con ella y por lo tanto se presume que el delito se sigue ejecutando. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada”. El proceso incluye el caso del secuestro de María Claudia Irureta Goyena, desaparecida cuando estaba embarazada de Macarena Gelman.
El diario argentino informa que una de las pruebas más importantes es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se define el Plan Cóndor. Se trata de un cable de setiembre de 1976, enviado por un agente especial del FBI de la embajada estadounidense en Buenos Aires, en el que expresa que el Cóndor está destinado a la “recopilación e intercambio de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’, para eliminar sus actividades mediante “operaciones conjuntas en sus respectivos territorios”, en referencia a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y “un acuerdo de Brasil de información confidencial”. El documento describe tres momentos, consistentes en intercambio de información, ubicación del blanco y ejecución o traslado de la víctima a cualquier país partícipe del plan, según consigna Página 12.
Carolina Varsky, abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales, y quien patrocina los casos de María Claudia Irureta Goyena y de Bernardo Arnone, militante del Partido por la Victoria del Pueblo secuestrado en Buenos Aires en 1976, explicó a la diaria que la causa tiene “distintos tramos que se juntaron en un mismo juicio, una parte es la causa Cóndor y otra parte tiene que ver con las víctimas de Orletti”, que en su mayoría “son uruguayos”. El juicio es “oral y público” y tendrá audiencias “dos o tres veces por semana”. Lo que comienza hoy “con la presencia de todos los imputados es algo que se conoce como la lectura del requerimiento”, explicó. En este caso “el fiscal hizo un resumen porque era muy extenso, se hace la lectura de eso y después de esta instancia vendrán las indagatorias y luego comienzan los testimonios”, añadió Varsky.
La abogada confirmó además que “la experiencia en Argentina es que los juicios que tienen muchos testimonios duran mucho tiempo”. Cordero es “el único extranjero entre los imputados”, ya que todos los demás son argentinos. Varsky indicó que la pena que podrían enfrentar los acusados por “privación ilegítima de libertad” puede llegar a 25 años de prisión. Pero también hay casos de víctimas de torturas y un caso de homicidio, para el que se puede “pedir pena de cadena perpetua”. Los fiscales que llevarán a cabo la acusación en el juicio son Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky.
Ambos funcionarios declararon ayer a Página 12 que en las últimas semanas la mayoría de los imputados por esta causa “está pidiendo de todo, entre otras cosas la suspensión del juicio por motivos de salud, por lo cual se vienen ordenando pericias y chequeos médicos”. La segunda audiencia prevista para esta semana será el viernes.