La Comisión de la Verdad de Brasil cumplió su primer año el 16 de mayo, y lo celebró presentando un balance de los avances que ha logrado en la búsqueda de una versión oficial de lo que sucedió en un período que abarca a la dictadura en ese país (1964-1985). Los 21 años de gobierno militar llevaron la mayor cantidad de tiempo de trabajo de este equipo de siete personas, y así se reflejó en el balance presentado el martes.
“La práctica de la tortura en Brasil como técnica de interrogatorio en los cuarteles es anterior al período de la lucha armada; comienza a ser utilizada en 1964”, indicó la historiadora Heloísa Starling, asesora de la comisión, en referencia a lo que se considera la lucha armada de los grupos que se oponían al régimen, que comenzó en 1968. Destacó que lo importante es notar que la tortura no empezó en 1969, tal como “supone buena parte de la bibliografía”. “Ya en 1964 es posible identificar centros de detención y tortura”, aseguró. La tortura se convirtió “en la fuerza motriz de la represión en Brasil, y llevó a una política sistemática de asesinatos, desapariciones y secuestros”, añadió.
La comisión identificó 36 centros de tortura en siete estados, incluidos dos universidades y dos barcos-prisión. “Identificamos que hubo personas que fueron detenidas dentro del campus universitario y que también fueron víctimas de violencia allí”, continuó Starling.
En el primer año se analizaron miles de documentos y escucharon 268 testimonios -37 de colaboradores del régimen militar y presuntos torturadores, 24 de militares que sufrieron represalias de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y 207 víctimas o familiares de víctimas-, cerca de 50.000 personas fueron presas sólo en 1964, el año del golpe, en los estados de Guanabara (hoy Río de Janeiro), Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande del Sur y San Pablo.
Otro descubrimiento de la Comisión de la Verdad fue que al menos la segunda línea del gobierno militar estaba al tanto de la tortura. Las cúpulas militares siempre aseguraron que no sabían de las torturas, y entre los objetivos que se estableció la comisión está el de refutar esa aseveración, por lo que debe continuar en ese camino para demostrar que la primera línea también estaba al tanto. En este sentido, Starling señaló que entre 1970 y 1973, durante el gobierno de Emílio Médici, se radicaron 730 denuncias de tortura.
Además, la comisión reveló que la Marina ocultó información sobre las muertes en la dictadura, que según datos oficiales habían sido entre 200 y 300, versión que siguió sosteniéndose ya en democracia, cuando en 1993 fue consultada por el gobierno de Itamar Franco. En ese entonces, la Marina aseguró no estar al tanto de ninguna muerte o desaparición, pero Starling reveló un documento de la Marina, de 1982, que demuestra el conocimiento de la muerte de 11 personas por la tortura, que hasta ahora figuraban como desaparecidas. Tras el informe de la comisión, la Marina se pronunció mediante un comunicado en el que aseguró que todos sus registros habían sido entregados al Ministerio de Justicia en 1993.
Consultada por los medios brasileños, la coordinadora de la comisión, Rosa Cardoso, dijo que el trabajo del equipo puede abrir el camino para una revisión de la Ley de Amnistía, que perdona los delitos cometidos durante la dictadura. “En relación a los crímenes contra la humanidad hay una norma internacional en el sentido de que esos crímenes no prescriben. Son tan graves que deben ser objeto de juzgamiento, sin importar en qué momento sean descubiertos”, agregó. Informó que su intención es que en las recomendaciones finales de la comisión, que se esperan para mayo de 2014, se incluya la de derogar la Ley de Amnistía.