El juicio había empezado el 19 de marzo y culminó el 10 de mayo. Ahora deberá repetirse, ya que el 18 de abril se suspendieron las audiencias por “vicios de forma”. En concreto, se trató, entre otros trámites, de la recusación presentada contra la jueza que presidía el tribunal, Yazmín Barrios, y el juez Pablo Xitumul, por el abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, acusándolos de parcialidad. Pero a pesar de que se había ordenado la suspensión del juicio para estudiar el recurso de la defensa, éste se reanudó el 30 de abril por decisión de Barrios, al tiempo que se restituyó al abogado de Ríos Montt, al que ésta había expulsado de su sede en cumplimiento de una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esta misma Corte, de cinco miembros, fue la que el lunes en la noche y en un fallo por una mayoría de 3-2, dispuso que se “anule todo lo actuado en la fase del debate a partir del 19 de abril de 2013; quedando anulado todo lo actuado en ese proceso con posterioridad a esa fecha, por ser ésta en la que fue notificado el Tribunal” a cargo del caso. El fallo también ordenó tramitar el pedido de recusación y que una vez resuelto se retome el juicio en donde había quedado el 19 de abril, cuando Barrios resolvió no acatar la suspensión.
Los votos disidentes correspondieron a los magistrados Mauro Chacón y Gloria Porras. Ambos argumentaron que con esa decisión el tribunal que integran se “extralimitó” y que la interpretación que hace es “ambigua”. Además, de acuerdo al diario guatemalteco Siglo 21, Porras dijo que al dejar el fallo sin efecto, la CC “está dejando desprotegidas a las víctimas”.
Para el abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos que representa a las víctimas, Héctor Reyes, “quien queda mal es el Estado de Guatemala, con esto nos vuelve a dejar en una impasse”. También dijo que analizarán el fallo para determinar sus efectos y qué acciones pueden interponer.
El abogado de Ríos Montt anunció en tanto que esa decisión podría implicar que se cambie la composición del tribunal a cargo de Barrios (más allá de la recusación), porque sus jueces ya se pronunciaron y eso puede ser considerado prejuzgamiento. García Gudiel también indicó que solicitará que se le retire la custodia policial a su cliente, que está hospitalizado desde el 13 de mayo, y se le otorgue arresto domiciliar.
La indígena ixil Ana Caba, que sobrevivió a una de las matanzas ocurridas entre 1982 y 1983, fue citada por la agencia de noticias Reuters: “Siento angustia. No sé qué está pasando [...]. Las personas poderosas hacen lo que quieren y a nosotros, los indígenas y los pobres, nos desvaloran. No nos dan justicia”. Agregó: “Estamos decepcionados. [...]. Da cólera”.