La sensación entre los miles de manifestantes era la de que hubo un retroceso. Desde la Marcha del Silencio del 20 de mayo del año pasado hasta la de ayer todo lo relacionado a la búsqueda de verdad y con los procesos judiciales a los responsables de crímenes en la última dictadura no ha sido alentador para los militantes por la defensa de los derechos humanos.
El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil y la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de caducidad golpeó duramente a quienes luchan desde hace años por verdad y justicia. Ese estado se podía percibir entre los presentes en la previa al inicio de una nueva Marcha del Silencio, desde Rivera y Jackson. Se notaba en las charlas y en las pancartas y carteles. “Basta de palabras. Juicio y castigo”, rezaba uno firmado por la Corriente de Estudiantes del Pueblo. “No son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad”, afirmaba otro, en referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró prescriptibles los crímenes denunciados por las organizaciones de derechos humanos.
“Ninguna confianza en esta Justicia”, “apertura de los archivos de la dictadura”, “la muralla de la impunidad caerá”, decía el cartel de Plenaria Memoria y Justicia, mientras que el pasacalle principal expresaba el lema de la convocatoria de ayer: “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”. Se trataba, en esos casos, de mensajes que era posible encontrar en otras ediciones de la marcha, pero hubo dos que, de algún modo, marcaron la tónica de la de ayer.
Al final, un enorme pasacalle decía: “Señores del gobierno y la Corte, con su sangre hagan los pactos que deseen, pero no le permitimos pactar con la sangre inocente de nuestros seres queridos”, firmado por “Hijos, familiares y amigos de Aldo Chiquito Perrini”, uno de los casos que el fallo de la SCJ dejó sin sentencia (ver http://ladiaria.com.uy/ACKr). Unas cuadras más adelante, a la altura de la Plaza de los Treinta y Tres, otro enorme cartel daba cuenta del cambio de ánimo que provocaron los fallos de la SCJ: “¿Hasta cuándo marcharemos en silencio?”, era la pregunta. A la hora de arrancar se podía apreciar una concurrencia importante, que desafiaba al frío y a un cielo nublado y amenazante. Había dirigentes del Frente Amplio (FA) como el diputado Felipe Michelini, Daniel Martínez, el embajador itinerante Julio Baráibar, el ex ministro de Salud Pública Jorge Venegas, la ex ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, el ex vicecanciller socialista Roberto Conde, el ex director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Víctor Giorgi, el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Faroppa. También, el ex embajador argentino en Uruguay Hernán Patiño Mayer y los militantes Jorge Marenales y Jorge Zabalza, entre otros.
Cuando comenzó la marcha, alguien gritó que el responsable de que no hubiera justicia era el FA, lo que motivó que un integrante de la organización le pidiera que se retirara. El hombre retrucó diciendo: “No me metas nada que la calle es libre”. Un par de cuadras después, a la altura de la Facultad de Derecho, se escucharon gritos contra Tabaré Vázquez, José Mujica y otros dirigentes del FA. El que los profería era un hombre que simulaba hablar desde un teléfono público, y que molestó a los manifestantes porque estaba rompiendo la consigna de marchar en silencio. Entonces, el hombre dijo su última frase: “Hola, ¿Jefatura? Acá hay un grave caso de droga y tortas fritas”. Luego, colgó el tubo y se retiró.
Al llegar a la altura de la explanada municipal, en la pantalla de la fachada del edificio de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales se emitía un spot alusivo a la marcha, que decía “Escuchalos”, mostraba algo escrito en lenguaje de señas y remataba con un gran “Están”, en letras blancas sobre fondo negro.
Como todos los años, al llegar la cabecera de la marcha a las inmediaciones de la Plaza Libertad, se enunciaron los nombres de los detenidos desaparecidos, y ante cada uno de ellos, los concurrentes gritaron “presente”. Al llegar a la plaza, se entonó el Himno Nacional, y a la altura de las últimas estrofas comenzó a caer una suave e imperceptible llovizna. Parecía que todo terminaba ahí, pero no fue así. Integrantes de algunas organizaciones, entre ellas Plenaria Memoria y Justicia, hicieron un caceroleo en la sede de la SCJ. Los manifestantes sólo llegaron hasta una valla que no permitía acceder a la puerta del edificio.
Dos manifestantes se paseaban por la plaza: una mujer disfrazada de Justicia, con los ojos tapados con un trapo que decía “Frente Amplio”y la boca con un bozal que decía PIT-CNT; otro, disfrazado de coracero y portando un escudo que decía “SCJ”, llevaba atada a la primera. Otros se quejaban, indignados, porque un policía que estaba del otro lado de la valla se reía. Los demás golpeaban cacerolas, cucharones, latas de conserva vacías, canillas, al tiempo que entonaban consignas como “no hubo errores, no hubo excesos; son todos asesinos los milicos del proceso” y “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”.
Con el correr de los minutos, la protesta en las inmediaciones de la sede de la SCJ se fue disipando. En la plaza quedaba mucha gente que no se había sumado al caceroleo. El senador Rafael Michelini declaraba a la prensa que confía en que la Justicia determine “quiénes son los responsables y actúe con las garantías del caso”, y que mientras haya un caso impune “el Estado estará en deuda, por eso hay que seguir”. Óscar Urtazún, integrante de Familiares, declaraba que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro “lo único que ha hecho es entorpecer las investigaciones y jugarse siempre por la inocencia de los asesinos”. Valentín Enseñat, de Hijos, afirmaba: “Algo que nos anima y nos alienta es ver cuáles han sido las consecuencias de eso, y ver que los fiscales y los jueces, a pesar de estas resoluciones, han tomado decisiones de acuerdo a lo planteado por el derecho internacional”. La llovizna seguía cayendo, no se notaba pero seguía, y de puro perseverante, mojaba.