-¿Participó en la elaboración del proyecto de ley de rediseño de la educación policial y militar que está en el Parlamento?
-Empezamos como delegados junto al ex ministro Luis Rosadilla. Se creó una comisión especial integrada por los ministerios de Educación y Cultura e Interior, la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP] y la Universidad de la República [Udelar]. Redactamos un proyecto que ya tiene media sanción de Diputados. La Ley General de Educación mandató a los sistemas de educación policial y militar a integrarse en el Sistema Educativo Nacional y se formó la comisión. La iniciativa es positiva porque establece que haya los mismos niveles, las mismas condiciones de ingreso para los docentes, y que los sistemas sean complementarios entre sí, que las puertas sean de vaivén, de ida y vuelta. Todas las capacidades de las Fuerzas Armadas [FFAA] pueden ayudar a otras actividades educativas y al revés, sin que se superpongan. Pero mucho de eso ya existe.
-¿Cómo es la gestión institucional? ¿Quién designa los docentes?
-Los profesores de las materias generales son designados por la ANEP. En la parte técnica aeronáutica los sigue designando el MDN porque el CETP [Consejo de Educación Técnico Profesional] no tiene desarrollo en esa materia. La parte administrativa es compartida. Hay una experiencia en San Ramón entre el CETP y el Sexto Batallón de Caballería, en mecánica de motores. Estamos transitando en esa dirección y para que el CETP acredite personal de las FFAA. Hay muchos militares estudiando de noche en la Udelar que no van uniformados, pero tenemos que hacerlo con otros niveles de enseñanza y quizá acuerdos conjuntos, con una parte más académica que sea supervisada y dirigida por las instituciones del Estado que se dedican a la educación, y que la parte administrativa, disciplinaria y de funcionamiento militar esté a cargo del MDN.
-¿Qué piensa sobre la continuidad del Liceo Militar?
-Es una institución que públicamente ha sido discutida con más prejuicios que resultados concretos. Es una institución pública del Ejército en la que se brinda educación secundaria con un complemento que es la instrucción premilitar. Tenés el mismo programa de secundaria y, durante el resto del horario, una carga muy fuerte de educación física, de orden cerrado: cómo circulás, te movés en orden y cosas mínimas de instrucción premilitar. Sigue siendo un liceo público, porque es del Estado, gratuito y que brinda educación de bachillerato a sectores sociales bastante pobres, por la situación de estar internos, tener techo, comida y un régimen disciplinario que los tiene bastante sujetos a esa realidad. La mitad son del interior y están internados, mientras que los del área metropolitana van y vienen todos los días. Los resultados académicos son objetivos. Tenés una deserción promedio de 4% y un índice de repetición muy bajo. Hay 145 cupos, pero este año hubo 30% más de estudiantes que quisieron ingresar. La disciplina externa que brinda este liceo se ve con buenos ojos y hay una relación entre disciplina y resultado académico.
-Pero hay una selección previa.
-Hay un cupo y si se presenta más gente se hace prueba de ingreso que deja gente por el camino. Eso también incide en el rendimiento. La experiencia del liceo es de 1947; en aquel entonces lo que se planteaba no era que se formara en secundaria un joven que iba a ser militar, sino todo lo contrario. Se pensó como una institución que aportara capacidades militares en formación y disciplina para el resto de la sociedad. Históricamente, 60% de los que egresan desde 1947 no siguen la carrera militar. En aquellos años el batllismo planteaba que mediante la disciplina se incluía a algunos sectores sociales que el Estado acompañaba, y se podían formar liderazgos. Pero ahora, en un sistema educativo en el que queda afuera tanta gente, el Liceo Militar tiene un lugar y vigencia. Es un espacio muy corto pero complementa otras propuestas educativas públicas.
-¿En qué está el proyecto de un instituto de educación tecnológica militar?
-Hay que crear institutos politécnicos para el trabajo. La idea está encaminada, va a ser en Tacuarembó. Podríamos llamarlo Instituto Militar Politécnico, pero eso es lo de menos. La concepción es tener un nivel secundario incorporando áreas de conocimiento técnico. Sería parecido al Liceo Militar, pero hoy no tenemos resuelto qué niveles brindará; lo estamos trabajando con el CETP. Es un tema que falta afinar porque la demanda quizá sea mayor en el ciclo básico que en los bachilleratos. No descartamos ninguno de los dos niveles.
-¿La Ley de Caducidad influyó en ese divorcio entre civiles y militares?
-El tema es más complejo. Si analizamos estas cuestiones doctrinarias y la firma del TIAR [Tratado Interamericano de Asistencia Recíporca], concluimos que hay responsables civiles. No podemos pensar que detrás de esto hubo militares exclusivamente. Hay responsabilidades políticas, de partidos y gobernantes que definieron ese rol para las FFAA. Hay que hacer un análisis de las responsabilidades civiles, pero no sólo nacionales, sino internacionales, de las potencias que tenían el poder real, que avalaban decisiones, y de los civiles que condujeron el proceso y el factor militar en esa dirección. Analizar los actores pero sin ingenuidades, ver cómo actuaron las cámaras empresariales, los sindicatos, las embajadas de las potencias que tenían voz y voto, los partidos políticos, la prensa, etcétera. El debate en Uruguay ha sido ganado por la teoría de los dos demonios, que es importada por quienes mandaron y financiaron esa forma de conflicto. Parecería que había dos locos, los que hicieron la lucha armada y los que estaban en las FFAA, que hicieron barbaridades, mientras que el resto no tuvo nada que ver: las potencias no tuvieron nada que ver, los sectores empresariales tampoco, la prensa, las embajadas. Ese análisis condiciona, y si no se ponen todos los factores arriba de la mesa, los resultados son engañosos.