La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tratará hoy como primer punto del orden del día una propuesta que se pretende convertir en proyecto de ley. Presentada por un grupo de mujeres que forman parte de las 28 ex presas políticas que presentaron, en octubre de 2011, una denuncia penal por torturas y violencia sexual durante la dictadura, propone la creación de un juzgado y una fiscalía especializados en investigación y seguimiento de crímenes de lesa humanidad.
El texto establece la creación de un cargo de juez letrado de primera instancia en Montevideo, con destino a un nuevo juzgado en materia penal, “con especialización en crímenes acaecidos durante el período de terrorismo de Estado” y que tendrá competencia en delitos cometidos por agentes del Estado (policías, militares y civiles asimilados o que actuaron bajo el amparo de funcionarios públicos) entre el 1º de enero de 1968 y el 1º de marzo de 1985.
Luego establece la creación, en la órbita del Ministerio Público, de una fiscalía con idéntica competencia que ese juzgado, así como la formación de una unidad de investigación y seguimiento de las causas referidas, que funcionará en el Ministerio del Interior para auxiliar a la Justicia en la investigación de los registros y archivos estatales, a los que no se podrá oponer “ningún secreto”. La unidad, que podrá cruzar la información recolectada para dotar de mayor eficacia a los procesos, estará conformada por integrantes de la División de Crimen Organizado y de Interpol. La “oficina de seguimiento” estará integrada por el fiscal y un responsable de la investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado.
Una de las innovaciones más importantes de la iniciativa es la propuesta de que las víctimas de delitos o sus sucesores puedan “ejercer la acción penal [acusar] en forma principal”, en aquellos casos en que el fiscal pida sobreseimiento de los enjuiciados. El representante de las víctimas deberá anunciar esa intención dentro de las 48 horas posteriores a la notificación del sobreseimiento. El texto también establece la posibilidad de que la Fiscalía pueda acordar con las personas que “hayan incurrido en delitos de lesa humanidad” la reducción de la pena “hasta la mitad del mínimo y del máximo”, en los casos en que la persona revele la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores, y proporcione datos relevantes para procesamientos, o aporte información que permita ubicar restos de desaparecidos. Esta posibilidad no incluye a “criminales mayores”, sino a “sujetos secundarios que no tomaron decisiones”.
Carencias varias
Antonia Yáñez, una de las impulsoras de la idea, explicó a la diaria que luego de presentar la denuncia por torturas y violencia sexual fueron citadas a audiencias y tuvieron “una experiencia bastante lamentable ante la Justicia, porque se vieron carencias de todo tipo”. “A partir de conocer el estado de la Justicia desde adentro”, comenzaron a reunirse con actores políticos y judiciales, agregó. Decidieron entonces encomendar al doctor Federico Álvarez Petraglia la redacción de un proyecto de ley que presentaron por primera vez el año pasado en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando se estaba discutiendo la Rendición de Cuentas.
Los senadores nacionalistas León Morelli (Unidad Nacional) y Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) intervinieron para que el tema pasara a la Comisión de Constitución y Legislación, que comenzará a tratarlo hoy. Si bien esta iniciativa tiene contenidos que aparecen en el nuevo Código de Proceso Penal, proyecto que también está tratando esa comisión, la idea de las impulsoras es que sea tratado “en forma independiente y rápida, porque lo otro puede llevar años”.
Álvarez Petraglia explicó que la inclusión en el proyecto de “la figura del querellante” es una modificación “importante para los procesos penales”, porque significa que “las víctimas puedan tener una participación activa en el proceso, superior a la que tienen ahora”. Se trata de una figura “novedosa” aunque “aparece en la Ley 16.099 de Comunicaciones e Informaciones, conocida como ley de prensa”, que establece que si “el fiscal no ve mérito para acusar, el denunciante puede sustituir al fiscal y pedir la condena del denunciado”, agregó.
Gallinal dijo a la diaria que la Suprema Corte de Justicia, consultada por la comisión, “se expidió en contra del proyecto”, aunque no dijo las razones. La intención del senador blanco es discutir el tema, porque considera que “hay una serie de delitos sexuales que no están comprendidos en la Ley de Caducidad” y, por otra parte, “hay un tratamiento lento de esas denuncias”. “Se podría encontrar una solución por otro camino”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay), puntualizó que en la instancia se va a contestar “una carta que enviaron las personas que presentaron la iniciativa, pero no al proyecto en sí”.
Mientras tanto, el tema aún no fue tratado en la bancada del Frente Amplio, según informó la senadora suplente Alicia Pintos (Partido Comunista), que participó en la comisión el año pasado, cuando las ex presas concurrieron a informar sobre la iniciativa. Pintos dijo que es probable que se discuta esta semana.