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Trabajadores de la radiotelevisión pública griega ERT permanecen en la sala de control después de que el gobierno anunciara su cierre, ayer en Atenas.

Foto: Fotis Plegas G , Efe

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En el marco del ajuste impuesto a Grecia, el gobierno cerró el servicio público de radio y televisión y prevé despedir a 90% de sus trabajadores.

La de hoy se presume que será una jornada agitada en Atenas. Las dos principales centrales sindicales del país convocaron una huelga de 24 horas en protesta por la decisión del gobierno de cerrar la radiotelevisión pública griega (ERT por su sigla en griego), a la que piensa reabrir a fines de agosto, aunque luego de una reestructura que implicará el despido de no menos de 2.700 trabajadores.

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La medida adoptada por el primer ministro conservador Antonis Samaras forma parte de los ajustes impuestos a la nación helénica por la troika europea (denominación adoptada para designar al grupo de decisión formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) y tomó por sorpresa, tanto a los empleados de los canales y radios que forman parte de la cadena, como a la opinión pública griega en general.

La decisión adoptada el martes generó de inmediato fuertes reacciones. Alexis Tsipras, líder de la coalición opositora Syriza, calificó la medida como un “golpe de Estado”, pero lo más importante fue el sismo que se generó dentro del gobierno de coalición que encabeza Samaras y que además integran el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) e Izquierda Democrática (DIMAR). Estos dos grupos tomaron distancia de la decisión del primer ministro, señalaron que no fueron consultados y en las últimas horas de ayer los líderes de ambos sectores, Evangelos Venizelos (PASOK) y Fotis Kouvelis (DIMAR), se reunieron para tratar en profundidad el tema. Según informó la versión en inglés del diario griego Ekathimerini, tras el encuentro, los participantes señalaron que quieren hablar directamente con Samaras, aunque ninguno de los integrantes de su coalición puso en duda su continuidad, desactivando los rumores de una ruptura del compromiso, que dejaría a Grecia sin gobierno, forzando a un nuevo llamado a elecciones, un paso que nadie quiere dar en este momento. “El gobierno puede continuar y completar su trabajo, pero debe asegurar una base común de acuerdos”, declaró Kouevelis, quien de todos modos tildó el cierre de la ERT de “inaceptable”. “La ERT indudablemente necesita una profunda reestructura, pero ésta se tiene que dar mientras esté funcionando”, agregó. En la misma línea se expresó el líder del PASOK, sector que predominó en la política griega en los últimos 30 años. “Queremos reformas fundamentales en la administración pública, pero éstas tienen que ser acordadas y votadas por el Parlamento”, dijo Venizelos.

Pero el tema parece no tener vuelta. El gobierno defendió su decisión y negó que se haya cerrado la ERT, sino que el ente estatal será sometido a una reestructura. “Es una gran mentira decir que la ERT va a cerrar. En su día se levantó sobre bases demasiado equivocadas como para poder renovarla ahora desde esos cimientos. Lo que va a cerrar es una estructura monstruosa, pero la radiotelevisión pública va a ser reestructurada”, afirmó Simos Kedikoglou, portavoz del gobierno. Más tarde, el propio primer ministro Samaras reafirmó su decisión durante un discurso en la Cámara de Comercio de Atenas, donde señaló que se gastaba mucho dinero en la ERT y de paso fustigó a los sindicatos que convocaron a la huelga de hoy. Esta movilización volverá a sacar a las calles atenienses a miles de personas que sienten el cierre de la señal estatal como un nuevo golpe en la profunda crisis que atraviesa el país. La mayoría de los empleados de la ERT, los más directos afectados por la medida de Samaras, ayer permanecieron en sus puestos de trabajo e incluso mantuvieron el funcionamiento de varias señales por internet, así como las que se emitían por televisión digital.

La ERT, que gestionaba tres canales de televisión y numerosas radios, contaba con cerca de 3.000 empleados, la mayoría de los cuales serán despedidos. Luego de la reestructura el nuevo ente contará con alrededor de 1.000 empleados, lo que significará, de acuerdo a estimaciones realizadas por el gobierno, un ahorro de 200 millones de euros al año. Los trabajadores despedidos son parte de la cuota marcada por la troika europea, que exigía despedir a 2.000 empleados públicos para fines de julio y un total de 15.000 para fines del año próximo.

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