El 4 de julio el senador colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay) interpeló a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, por varias muertes registradas en el hospital de Paso de los Toros. En su exposición, el senador aludió a denuncias por casos ocurridos en otros centros asistenciales del país. Entre ellas una vinculada al hospital de Canelones en la que implicó al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), José Luis Gallo. Según Solari, existió “conjunción de intereses públicos y privados” ante el cierre del CTI de ese hospital y la derivación de los pacientes a la Cooperativa Médica de Canelones, de la cual Gallo es integrante.
El titular de la Junasa, que el día de la interpelación se encontraba en el Parlamento junto a la ministra, se sintió agraviado y días atrás anunció que demandaría al legislador si éste no se retractaba y pedía disculpas. Las disculpas no llegaron, y ayer Gallo inició una querella por injurias en el Palacio de los Tribunales, acompañado por Muñiz, el subsecretario de la cartera, Leonel Briozzo, la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Beatriz Silva, el senador Luis Gallo (Asamblea Uruguay) y la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier.
Al momento de presentar la denuncia, el presidente de la Junasa declaró que además de tratarse de un hecho falso, porque el hospital de Canelones nunca tuvo un CTI, Solari buscaba confundir a la opinión pública debido a que ese tipo de medidas le corresponden a ASSE y no al organismo que él preside. Gallo analizó que el ataque del senador no fue dirigido únicamente hacia su persona sino también hacia el gobierno y la fuerza política, por los que dijo sentirse respaldado.
Ahora deberá establecerse si la causa puede sustanciarse, debido a que los legisladores cuentan con fueros, salvo que les sean levantados por sus colegas. La Constitución de la República establece explícitamente que “los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”, y que las denuncias contra ellos deben ser planteadas ante sus respectivas cámaras, que son las que están habilitadas para suspender la inmunidad.