Ocurrió en la madrugada del 18 de julio en la ciudad de Paysandú y entre aficionados a las carreras de caballos, previo a una actividad en el hipódromo sanducero. El entonces secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, y un comerciante local, propietario de un stud, organizaron un “asado” para algunos amigos del turf. La comida se arregló por teléfono y el jerarca municipal ofreció para la ocasión un local de la comuna denominado La Casita del Parque.
Pero esa noche, la Policía local, que hacía dos meses venía investigando -mediante seguimiento y escuchas telefónicas- a un grupo que reclutaba menores para su explotación sexual, decidió realizar un operativo en el sitio. El vehículo de De los Santos, en el que viajaba con dos mujeres, fue interceptado poco después de salir del lugar. Los efectivos le realizaron una espirometría cuyo resultado fue un contenido de alcohol en sangre seis veces mayor que el límite permitido, por lo que le fue retirada la licencia de conducir. Luego la Policía allanó el local municipal donde se realizaba la fiesta y detuvo a seis personas. El mismo jueves 18, De los Santos, abogado de 60 años, presentó renuncia a su cargo, que ocupaba desde 2010, cuando fue designado por el intendente nacionalista Bertil Bentos. Ambos pertenecen a Alianza Nacional, el sector que orienta el senador Jorge Larrañaga, ex intendente de Paysandú.
Procesamiento
En la madrugada del sábado, la jueza penal Karen Ramos procesó al comerciante Sergio Ramón Carballo, jefe de la red de explotación sexual y uno de los organizadores de la fiesta junto con De los Santos, por delitos previstos en la Ley 17.815, que castiga a quien “pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz, de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”. Carballo tenía antecedentes penales.
La jueza tomó declaración también a otras 15 personas, entre ellas a cinco menores de edad y una joven de 18 años. De los Santos concurrió al juzgado acompañado por su esposa y declaró como indagado durante nueve horas. La Fiscalía también solicitó su procesamiento, aunque no se dio a conocer por qué delitos.
De los Santos reconoció ayer al diario sanducero El Telégrafo que había participado en la organización del “asado”, consiguiendo el local de la intendencia, y que incluso primero había probado suerte con otro local municipal, que resultó estar ocupado ese día. También aceptó que en un momento llegó “el organizador de la fiesta con cuatro o cinco muchachas” que no conocía y luego “llegan otros hombres” y “otras dos mujeres, pero ya mayores, de más de 30 años”.
El ex jerarca negó que supiera que se trataba de una reunión “con mujeres y drogas” y dijo que “las muchachas que estaban en la reunión declararon” que no lo conocían. Agregó que desde que asumió “hace tres años en la intendencia” no hizo “más salidas de noche”, y “si salía” lo hacía con su esposa, y opinó que “el único motivo por el cual la fiscal está pidiendo” su procesamiento “es porque una joven de 17 años -que el mes siguiente cumple 18- dice” que él le ofreció “dinero indirectamente a cambio de servicios sexuales”. Según de los Santos, la joven que hizo esas declaraciones era una de las que se subieron a su auto y con la cual, durante la fiesta estuvo “cantando”, porque “en las fiestas” es “así”, le “gusta tomar unos whiskies y cantar, pero ninguna otra cosa”.
Repercusiones
El intendente sanducero, Bertil Bentos, declaró a El Telégrafo que a De los Santos “se le vino abajo el crédito” que le había “abierto” y que se siente “muy golpeado por esta situación”, en la medida en que “es un golpe al sistema político”. Bentos, que se mantenía bajo licencia por enfermedad, adelantó que volverá a su oficina hoy y recordó que ya ordenó “una investigación administrativa”, que involucrará a De los Santos y a la funcionaria “encargada de la Casita”. Por su parte, el senador Larrañaga, líder del sector y precandidato a la presidencia, escribió el sábado en su cuenta de Twitter: “Lamentables los sucesos ocurridos en Paysandú con la participación de un ex jerarca de la Intendencia. La Justicia está interviniendo.” y aclaró en otro tuit que “no elige “a los colaboradores de ningún intendente”. Larrañaga, como se sabe, es oriundo de Paysandú y fue intendente de ese departamento en dos oportunidades, entre 1990 y 2000.
Por otra parte, la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental sanducera emitió este fin de semana una declaración aprobada por unanimidad, en la que manifiesta “su repudio por el proceder de quien sin consideración hacia la jerarquía que investía, perjudicó de forma notoria a la Administración, en este caso del Partido Nacional”, y agregó que “es intransigente ante hechos de corrupción o cualquier otro reñidos con la moral”.
De todos lados
También la Mesa Política departamental del Frente Amplio (FA) se pronunció mediante una declaración en la que manifiesta “su más firme defensa de los derechos de los adolescentes víctimas de este tipo de abusos, que afectan el desarrollo integral de los mismos” y su repudio “frente a estos hechos, cualquiera sea la jerarquía y condición de las personas involucradas”.
El documento agrega que el FA “tomará todas las acciones a su alcance para determinar las responsabilidades políticas del caso”. Según informó el diputado del FA en este departamento Gustavo Rombys (Movimiento de Participación Popular), la bancada de ediles de esa fuerza política presentará hoy en la Junta una moción para citar a sala al intendente Bentos, con el fin de pedirle explicaciones del caso.