Puig pensaba que el gobierno iba a “insistir” en la designación de un civil al cargo, tal como lo era Augusto Gregori, el anterior coordinador, removido por el presidente José Mujica. Sin embargo, el criterio imperante fue otro. Para Puig se trata de un cargo que debe ser ocupado por un “civil capacitado” que además tenga “fuertes compromisos democráticos”, y no por un militar. “Conozco sus antecedentes como jefe del Estado Mayor de la Defensa y sus gestos”, aseguró.
Bonilla, que además fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea entre 2009 y 2010, fue sancionado por el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, el 26 de octubre de 2011 por hacer “inconsultas declaraciones” a la prensa. La pena fue un arrestro simple.
Bonilla había opinado sobre el proyecto de ley que establecía imprescriptibles los delitos comprendidos por la ley de caducidad, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia este año. “Yo creo que, en el plano personal, había un antes y un después al 1o de noviembre [fecha en que prescribían los delitos]. Para aquellas personas que algo sabían, podían, después del 1o de noviembre, en la libertad de la prescripción, aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos, la verdad frente a los hechos ocurridos en el pasado”, declaró en aquel entonces.
A diferencia de Puig, para el diputado nacionalista Daniel Peña la designación de Bonilla fue una buena noticia: “Es una persona más idónea y esperable que Gregori, pero el cargo sigue estando sin un marco legal que lo respalde”, consideró.
El cargo que asumió Bonilla depende directamente del presidente y corresponde a las tareas de coordinación de la Inteligencia, tanto militar como policial. Esta oficina actualmente no está sujeta a controles parlamentarios, aunque en el Poder Legislativo existe una comisión especial bicameral que analiza un proyecto para legislar sobre dicha actividad y sujetarla al contralor parlamentario.
La Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia del Estado trabaja sobre la base de aportes de muchos legisladores y del propio Poder Ejecutivo, aunque a diferencia de otros casos no existe un texto enviado por el gobierno que se esté tomando como base para el trabajo de la Comisión. “No era la intención del Ejecutivo, no se quería imponer un proyecto de ley”, explicó Gustavo Rombys, del Movimiento de Participación Popular. Uno de los principales cambios que propone dicha iniciactiva es que si bien el cargo de coordinador continuará siendo elegido por el presidente, éste deberá contar también con la venia de la Asamblea General por mayoría especial de tres quintos del cuerpo. También establece la estructuración de dicha oficina, la definición de las tareas de inteligencia, la creación de un sistema nacional de Inteligencia y también la formulación de un plan nacional de Inteligencia. ■