Mientras el Parlamento discute el proyecto de ley sobre medios de comunicación audiovisual presentado en mayo por el gobierno, parece que Uruguay carece por completo de normas que regulen el sector. En realidad, hay unas cuantas. Pero gran parte de las emisoras privadas se las arreglan desde hace décadas para pasearse todos los días y a toda hora, en mayor o menor medida, entre la llegada al borde y la franca transgresión de esas reglas.
Algunos ejemplos. El grueso de la oferta matutina televisiva en Montevideo se compone de programas de infotainment con metralletas de “chivos”. Por la tarde, enlatados argentinos y producciones nacionales que medran en las farándulas de ambas orillas del Plata reducen los valores humanos a “códigos” que premian con presencia en pantalla lo malo, tonto y vistoso, de modo que el monstruo se alimente de sus propios vómitos. Los informativos suelen identificar a menores infractores o sometidos a agresión sexual; enseñar a delinquir a los espectadores dispuestos a aprender; alimentar el dolor de las víctimas de delitos al reiterar escenas de sufrimiento y violencia, y faltarles el respeto a colectivos raciales, religiosos y de género. Todo eso en el horario de protección al menor, mientras a algunas de las mejores producciones nacionales se las entierra en horarios impotables.
Acá se violan leyes, decretos y reglamentos. La Ley de Seguridad del Estado que prologó en 1972 el golpe de Estado impuso multas y penas de prisión al responsable del medio de comunicación que identifique a víctimas y victimarios de delitos sexuales. El Decreto 734 de 1978 limita en Montevideo la publicidad a 15 minutos por hora en televisión y 18 en radio, con excepciones muy acotadas. El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe identificar menores en conflicto con la ley penal.
Si no hubiera normas e imperara una absoluta libertad, cualquiera que cuente con el capital podría adquirir un transmisor con más de 50 kilowatts de potencia en la frecuencia de 850 kiloherzios AM, instalar la antena en la azotea de la casa y matar a Radio Carve. Pero la ley lo impide, en beneficio de quienes proclaman la mejor ley de medios como la que no existe.
Igual, muchos medios actúan como si tampoco rigiera la legislación penal y civil. Los canales 10 y 12 de Montevideo y varias radios arriendan espacios de madrugada, entre otros, a una tarotista, a un servicio de cortejo telefónico y a iglesias que, en medio de sermones machistas y homofóbicos, prometen salud, dinero y amor a cambio de dispensas en metálico. Estas acciones configuran o se acercan a delitos como estafa, incapacidad compulsiva e incitación al odio. Para colmo, la enorme mayoría de las ondas fueron adquiridas en pasamanos aceitados con lagunas legales, vínculos políticos y amiguismos, pues el Decreto 734 establece que esas licencias son personales y prohíbe hasta negociar cambios en su titularidad. Pero radios y canales de Uruguay se compran y venden como si fueran kioscos y no empresas de servicio social autorizadas por el Estado a usufructuar el espacio radioeléctrico público.
Al rechazar el proyecto, la Asociación de Broadcasters del Uruguay incurrió en contradicciones absurdas. Por un lado, evaluó ante los legisladores que “no existe necesidad de promover cambios sustanciales” en ese mismo régimen al que unos cuantos de sus socios violan. Por el otro, se olvidó de que había acordado el grueso de la iniciativa el año pasado en una comisión técnica asesora que integró con otras instituciones públicas y privadas.
La oposición no resistió la tentación de parangonar el proyecto con la ley que rige desde hace un año el sector audiovisual argentino. Pero, en realidad, el modelo es mucho más antiguo y consiste, a grandes rasgos, en impedir la concentración de la propiedad de los medios y garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad; someter las licencias a escrutinio periódico con participación ciudadana, “fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones”, defender la equidad en las campañas electorales y los derechos humanos, en especial los infantiles (aunque sea de 6.00 a 22.00); y alentar la producción nacional y local.
Si en lugar de integrarse con miembros propuestos sólo por el Poder Ejecutivo el Consejo de Comunicación Audiovisual del proyecto uruguayo funcionara en la órbita parlamentaria, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado para las cárceles, la iniciativa avanzaría un paso más hacia el modelo estadounidense gestionado desde 1934 por la Comisión Federal de Comunicaciones.
Al régimen de telecomunicaciones de Estados Unidos, bastante más estricto que el propuesto para Uruguay, se lo ha acusado de favorecer las posturas más conservadoras y los intereses de la industria, sobre todo desde que el gobierno de George W Bush (2001-2009) alentó la concentración de los medios y persiguió con ahínco los pezones que se asomaban por debajo de los corpiños. Y aun así es muchísimo mejor que el actual estado de la radio y la televisión uruguayas.