La unidad programática de defensa de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (FA) presentó dos documentos que, según sus firmantes, contienen iniciativas contrapuestas. El documento A está firmado por la senadora Constanza Moreira (Espacio 609), el diputado Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo), el profesor Julio Louis (independiente) y Elías Yafalián y Jorge Ezquerra (ambos del Partido por la Seguridad Social). El documento B lo rubrican el director General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Hernán Planchón (MPP), el edil Dari Mendiondo (Nuevo Espacio), Ismael Errandonea (Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad), Jaime Hiriart (Congreso Frenteamplista), Carlos Visca (independiente) y Oscar Rorra y Ruben Redes (Partido Comunista).
Ambos comienzan planteando que el concepto de defensa “guarda estrecha relación con los lineamientos de la política exterior del país y con su inserción internacional” y proponen profundizar la integración en América, proyectando el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Consejo de Defensa Sudamericano. Sin embargo, en el documento A se agrega la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), omitida en el B. “La defensa no sólo hay que pensarla en términos de país, sino que hay que considerar objetivos estratégicos comunes con otros países de la región”, continúan ambos textos que también comparten la necesidad de la “independencia de los intereses políticos y militares hegemónicos de las grandes potencias imperialistas y coloniales”.
Armas para el pueblo
El documento B plantea que las Fuerzas Armadas (FFAA) son “el elemento profesional y permanente del factor militar” y deben contar con la capacidad y la doctrina para “encuadrar, conducir e integrarse con el pueblo” para una “auténtica defensa militar”. Para esto propone “trabajar en el concepto artiguista de ‘pueblo reunido y armado’ hacia una nueva doctrina del pueblo en defensa de la soberanía nacional”. Esta orientación apunta a que las FFAA instruyan a los civiles “con vistas a una ocupación y resistencia prolongadas”.
Después, ambos textos proponen formar FFAA “con una integración racional en el marco de su nueva doctrina, con personal altamente calificado y dignamente remunerado”, además de eliminar “todo vestigio de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.
El B expresa que las FFAA mantendrán la custodia del material bélico pero dispondrán “la instrucción de la ciudadanía para su empleo en caso de necesidad” y propone promover que la ciudadanía se integre en los temas de defensa, así como la creación de “centros de formación de oficiales de Reserva”. “Se pondrá en funcionamiento el servicio general de movilización, así como los instrumentos de la defensa pasiva, promoviendo que la población comprenda la importancia de estos instrumentos”, agrega.
Luego, expresa que los efectivos, materiales, equipos y presupuesto asignados a las FFAA “surgirán de las exigencias planteadas por la nueva política de defensa nacional y su política militar de la defensa”, siendo los “necesarios, suficientes y acordes al cumplimiento de las misiones asignadas”.
Plantea adecuar las leyes orgánicas de las FFAA, debatiendo su “naturaleza, forma y estructura” y definiendo “cómo el pueblo será integrante de ellas, estableciendo formas de instrucción voluntaria, reservas, milicias y movilización”. Propone desarrollar “una industria” de defensa “articulada con los socios de la región” para la fabricación de armamento y municiones, armado y montaje de blindados, vestimenta, calzado, software, embarcaciones, coordinando capacidades de diferentes instituciones públicas y privadas. Finalmente expresa que “bajo ningún concepto se permitirá la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional” y propone denunciar al Tratado Internamericano de Asistencia Recíproca, al Convenio de Asistencia Militar con Estados Unidos de 1953 y fortalecer la presencia en la Antártida en calidad de miembro pleno del Tratado del Atlántico. En esta materia, el documento B propone lo mismo en cuanto a la instalación de bases y denuncia los mismos tratados, pero agrega el acuerdo de 2012 con Estados Unidos para la adquisición de suministros y prestación recíproca de servicios.
De Haití a las Malvinas
El documento A propone “un retiro” de las misiones de paz “no relacionadas con la defensa” del país, con excepción de las “acordadas en la Unasur”. Plantea el “retiro definitivo de Haití”, según lo definido por el Congreso del FA de 2008, remplazando “la cooperación militar por la cooperación técnica”, así como “no autorizar” operaciones de “acción cívica” donde participen “fuerzas ajenas” a la Unasur y “revisar” el convenio con el Programa de Asitencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos que involucra a las FFAA y a las intendencias.
Sobre la formación militar, establece que se cursará “la educación formal en institutos públicos civiles” y en institutos militares sólo “las materias específicas”, y propone profundizar “la política de reducción del número de efectivos”, iniciada en el período 2010-2015 sin llenar las vacantes. Plantea retirar de la órbita del MDN las actividades “que no sean estrictamente de preparación o ejecución de la defensa nacional”, modificar el sistema de pasividades militares, equiparando la tasa de remplazo y edad de retiro con el resto del sistema (salud, educación). Finalmente propone con respecto a las Islas Malvinas integrar una comisión asesora con historiadores, geógrafos, juristas, diplomáticos, políticos y militares “que discuta en profundidad” ese tema y adopte “una posición bien fundada”, teniendo en cuenta que la presencia uruguaya en la Antártida está sustentada en el tratado España-Uruguay (1841, ratificado en 1846) “que concede a Uruguay la soberanía sobre las Islas Malvinas y las tierras dependientes del apostadero naval del Río de la Plata”.