La detención de un grupo de jóvenes antes de la marcha del Filtro, su posterior traslado a la Jefatura de Policía de Montevideo y los maltratos físicos y psicológicos a los que fueron sometidos por efectivos de la Policía debería generar “la intervención de oficio” de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, dijo a la diaria Luis Pedernera, del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Sin embargo, Pedernera explicó que este tipo de detenciones sin orden judicial quedó habilitado por la Ley de Procedimiento Policial, “una norma que cuestionamos duramente por su inconstitucionalidad”.
Esa norma permite “el ejercicio discrecional del uso de la fuerza por parte de la Policía, sin control judicial”, como por ejemplo “la detención por averiguaciones”, agregó. Además, la Policía puede informar a la Justicia con posterioridad al procedimiento, cuando el Poder Judicial “es el órgano que vigila el respeto por las garantías públicas”.
“Esto le da a la Policía un poder preocupante sobre la libertad de los individuos”, añadió. El integrante de Ielsur advirtió que este tipo de procedimientos son “habituales” con los niños en situación de calle, pero en ese caso “hay una legitimación social de que son unos malandras, afean a la ciudad, molestan a los turistas”. Pedernera también cuestionó el reciente Manual sobre procedimientos policiales del Ministerio del Interior (MI), porque “no figura” en el texto el recurso del hábeas corpus, una herramienta constitucional que habilita a pedirle a un juez información sobre el paradero de un detenido, algo que debe ser contestado en un plazo no mayor a 24 horas. Obviamente, lo que permitiría la Ley de Procedimiento Policial son las detenciones “en averiguaciones”, pero no los abusos y la violencia a que fueron sometidos los 12 jóvenes detenidos el 24 de agosto, uno de los cuales dio su testimonio a la diaria (ver http://ladiaria.com.uy/ACVN ).
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció el miércoles en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados que la Policía se infiltró en la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles, porque había recibido información, de los propios organizadores, acerca de que iba a haber ataques en el Centro Militar y en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Voceros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), organizadora de la movilización, lo negaron. El lunes el gremio estudiantil emitió un comunicado en el que explica que la marcha “se realizó en coordinaciones donde participaron los más amplios actores del movimiento estudiantil” y denuncia “la disposición de la Guardia Republicana, que fue un franco hostigamiento a la movilización”. La declaración agrega que “el desenlace que se dio cuando la movilización pasó” por el MEF “fue lamentable” y por eso rechaza “tajantemente el accionar” policial.
La FEUU denuncia una “campaña de estigmatización de los sindicatos y gremios de la educación” y rechaza “todas las medidas tendientes a reprimir a los sectores populares, llámense decreto de ilegalidad de ocupar edificios públicos, megaoperativos, la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad”, así como el despliegue policial “persiguiendo” estudiantes. Agregan que en la marcha del Filtro se volvieron “a ver estos montajes del aparato represivo”, hechos que “reflejan la política de criminalización de la protesta en Uruguay y el continente”. Martín Randall, de la Mesa Ejecutiva de la FEUU, dijo que “llama la atención” que esto pase en “un gobierno de corte progresista”.