La unidad programática de Economía Social y Solidaria (ESS) del Frente Amplio (FA) presentó ayer el documento que remitió a la Comisión de Programa de la coalición de izquierda, de cara a un eventual tercer período de gobierno. En él se establece que la economía solidaria “debe ser levantada como una de las principales señas de identidad” del programa y de la plataforma electoral del FA, como “un pilar en la construcción de un sistema social, económico y cultural alternativo al capitalista”.
Desde la macro
Esta semana, el grupo de trabajo del FA encargado de redactar el documento programático general sobre economía concluirá su trabajo. El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo a la diaria que el texto contiene “alguna referencia general” a la economía social pero que el grupo “no se metió” con el tema porque “sabía que había otra unidad temática que lo estaba tratando”. Respecto de la posibilidad de consolidar el Fondes mediante una ley, Asti evaluó que “no habría problema” en “ampliar la institucionalidad” del fondo en el próximo período. Sobre la propuesta de Olesker de establecer un piso para las utilidades del BROU destinadas al Fondes, afirmó que el tema “no ha sido planteado” y que “se verá cuando haya propuestas arriba de la mesa”.
Durante la presentación del documento realizada ayer en un local del FA, Olesker indicó que no existe una “convicción generalizada” en la estructura y militancia del FA acerca de la importancia de la economía social y por lo tanto se debe hacer un “trabajo fuerte”. En el documento elaborado por la unidad programática se define a esta economía por cuatro rasgos: la gestión autónoma y participativa por parte de sus miembros; la centralidad del trabajo por encima del capital; la distribución de la riqueza generada, priorizando a las personas; y que la distribución de excedentes no se realicen en función del capital.
El documento destaca avances logrados en los dos gobiernos del FA en materia de economía solidaria, como la aprobación de la Ley General de Cooperativas, la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo, y de la Unidad de Cooperativas Sociales y la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y la constitución del Fondo de Desarrollo (Fondes) para emprendimientos autogestionados, entre otros.
Entre otras propuestas, se sugiere consolidar un Plan Nacional de Desarrollo de la economía social a partir de una alianza entre el gobierno y el movimiento social, así como repensar la institucionalidad para hacer partícipes a las organizaciones sociales en la formulación y control de la ejecución de las políticas. También se menciona la posibilidad de crear un ministerio asociado a la temática, o en su defecto, un “ámbito privilegiado en el seno de Presidencia”.
Olesker opinó que la ESS debería tener una ubicación institucional “que dé garantías de unidad de las políticas”, y mencionó en este sentido que existe la “tentación” tanto de crear un ministerio como de crear personas públicas no estatales. El ministro se mostró personalmente partidario de generar una institucionalidad que tenga “un vínculo muy directo con Presidencia de la República”.
Además, el documento propone consolidar el Fondes mediante la aprobación de una ley que le dé “soporte jurídico”-actualmente se rige por un decreto-, y estudiar “eventuales mecanismos de certificación de los emprendimientos, así como el otorgamiento de sellos o marcas de ESS”.
“El Fondes es uno de los mecanismos más importantes que se han creado en este gobierno”, destacó Olesker. Afirmó que es un elemento “redistributivo”. No obstante, valoró que “ya cumplió una etapa” como mecanismo de financiamiento de empresas recuperadas, y consideró que “hay que abrir el campo para la autogestión obrera”. Además, opinó que si se decide consolidarlo mediante una ley, “sería bueno aprovechar” la oportunidad para fijar un porcentaje mínimo de utilidades del Banco República (BROU) destinadas al sector -actualmente, el decreto dispone que se destinará hasta 30% de las utilidades del BROU-.
En cuanto al sistema de compras públicas, se propone rediseñar el régimen de prioridad vigente para que éste sea una “herramienta realmente útil” a las empresas de economía social y solidaria, por ejemplo, fijando un porcentaje para el sector de las compras directas del Estado. José Saavedra, de la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, recordó que actualmente sólo hay reservas de porcentajes en las compras públicas para las pequeñas y medianas empresas. Consideró que esta reserva puede extenderse a las empresas de ESS y sugirió incorporar un enfoque de desarrollo local a las compras públicas.
Además, en el documento se propone incorporar los conceptos de autogestión y economía solidaria en la enseñanza formal y en la formación docente. “Pasar de un docente que es soporte del sistema a uno que pueda ser sujeto de cambios”, graficó otro integrante de la unidad de ESS, Daniel Bergara. “Si queremos cambiar el sistema capitalista tenemos que cambiar la cultura”, coincidió una asistente a la presentación de ayer. Otro advirtió que debe modificarse la formación de los economistas para que incorporen mediciones de costo social y no sigan realizando balances atados exclusivamente a la lógica del capitalismo.