El fiscal penal de 8º Turno, Gustavo Zubía, pidió ayer el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado para cuatro militantes políticos. Se trata de la integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, el ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Jorge Zabalza, el integrante de la Asamblea Nacional Permanente (ANP) por la defensa de la tierra y los bienes naturales Álvaro Jaume, y la profesora Patricia Borda.
Además, el fiscal Zubía solicitó el procesamiento por complicidad del secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Montevideo, Aníbal Varela, y de los activistas de la ANP Eduardo Jaume y Diego Jaume. Todos los pedidos corresponden a la investigación vinculada a la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de febrero para solidarizarse con la jueza Mariana Mota, quien tenía a cargo más de 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que fue trasladada desde una sede penal a una civil.
El caso fue denunciado por la propia SCJ y está a cargo de la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, quien deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal y citó a una audiencia para escuchar los descargos para mañana a las 14.00.
Luego de que la SCJ hizo la denuncia, intervino en la investigación el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía, que realizó varios interrogatorios en sus dependencias, tras citar por teléfono o interceptar en la calle a los indagados. Luego fueron citados a declarar por Merialdo. El pedido del fiscal recayó sobre siete de los diez interrogados, entre los que estaban también los fotógrafos Iván Franco y Santiago Mazzarovich, que el día de la manifestación se encontraban trabajando en el lugar, y el dirigente del PIT-CNT y del sindicato de funcionarios judiciales, Gustavo Signorele, que fue citado por la magistrada como responsable de una de las organizaciones convocantes.
El abogado de Leites, Gustavo Salle, dijo a la diaria que el delito de atentado especialmente agravado se refiere a un desacato por no permitir a un funcionario público asumir sus funciones y que entiende que Zubía no pidió la pena de prisión sino la de “privación de libertad” porque “le deja a la jueza la puerta abierta para un procesamiento con arresto domiciliario”.
El delito es castigado en el Código Penal con una pena de tres meses a tres años de privación de libertad. Para el abogado, la denuncia de la SCJ contra los manifestantes es un tema “netamente político” y la decisión de la Fiscalía que se conoció ayer también es de “naturaleza política”. “Si hubo un acto jurídico que afectó el ejercicio de la función administrativa” de la SCJ, esa acción “fue protagonizada por todos los individuos que estaban adentro y afuera del lugar”, agregó Salle.
Por su parte, el pedido de procesamiento por complicidad para Varela y los hermanos Jaume no es con pena de prisión. Zabalza dijo ayer a Montevideo Portal que se siente “muy orgulloso” de que se pida su procesamiento “por luchar por verdad y justicia”, más aun tratándose de una SCJ “que está protegiendo a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad”. Agregó que Zubía “fue educado por su padre y su tío, que fueron autores del golpe de Estado, y que existe “una revancha” por parte de los jueces “que hicieron carrera en la dictadura”.
Más temprano, Zabalza había comunicado la decisión de la Fiscalía en un correo electrónico, en el que se lamentaba por no poder concurrir mañana a un acto de camaradería en Bella Unión, ya que el Instituto de Colonización resolvió entregarle un predio al histórico dirigente cañero Ney Thedy. “La idea era dar un abrazo a don Ney y sus hijos, así como pasar una jornada de camaradería en el sindicato UTAA [Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas], pero el hombre propone y el Fiscal Gustavo Zubía dispone”, se lamentó Zabalza en su correo.