La jueza Mariana Mota presentó el lunes una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para revocar la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en febrero de este año la trasladó desde la Justicia penal a la órbita civil. El abogado de la magistrada, Antonio Rammauro, informó a la diaria que se trata de un escrito de 42 páginas y que se incluyeron pruebas documentales, entre ellas declaraciones de prensa de ministros del máximo órgano judicial. “Tenemos firmes expectativas de que esta demanda prospere”, comentó Rammauro, quien explicó que, en caso de que eso no suceda, la siguiente instancia será la presentación ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El TCA tiene un plazo de dos años para expedirse y resuelve por mayoría simple. Antes, la propia SCJ había rechazado, por unanimidad, un recurso de revocación interpuesto por Mota, alegando que se trató de un “movimiento horizontal” que no implicó una disminución de grado.
En este caso, y frente al TCA, la defensa de Mota reitera fundamentos que estuvieron incluidos en el recurso de revocación, pero incluye otros puntos y coloca nuevos énfasis. Entre otras cosas, denuncian apartamiento de las normas jurídicas, en tanto la administración tiene el deber de actuar “de buena fe, con lealtad y ajustada a las normas”. “Una omisión que puede parecer menor pero que termina resultando grave es que omiten fundamentar la decisión. Estamos denunciando que hubo una desviación de poder, porque a partir de la discrecionalidad constitucional que tiene la SCJ para hacer traslados, la explicación que falta en este caso es cómo eso se resolvió para mejorar el servicio”, explicó.
La lógica de la demanda del TCA sería la siguiente: en este caso quedó una vacante en un juzgado civil y en lugar de llamar al magistrado suplente -como sucede habitualmente- la SCJ resolvió cubrir ese lugar con la jueza penal Mota. Sin embargo, en el caso de la vacante que generó el traslado de Mota siguió la vía habitual, ya que su lugar lo ocupó la magistrada Beatriz Larrieu, que lleva el mismo tiempo que la titular trabajando en la órbita penal. “¿Por qué eligieron a Mariana para cubrir ese lugar y no a otro juez letrado, civil o penal? Evidentemente la SCJ tiene las potestades para hacerlo, pero tiene que fundamentar por qué toma esa determinación y no otra. Eso sería motivar la resolución, algo que la SCJ no ha hecho”, argumentó Rammauro.
Las versiones de prensa sobre la participación de Mota en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2012 y sus declaraciones al diario argentino Página 12 -referidas a la lentitud del proceso judicial uruguayo- generaron preocupación entre los ministros de la SCJ, al punto de que le solicitaron explicaciones por esos dichos. Sin embargo, al momento de fundamentar su traslado, integrantes de la SCJ mencionaron especialmente que Mota había un cumplido un ciclo en la órbita penal y que eso motivaba el cambio de sede. “El argumento del ciclo no es válido. Ella tiene cuatro años en el juzgado penal, mientras que hay otros jueces que cumplieron 20 años y no los tocaron nunca. De hecho, quien la reemplazó en el juzgado tiene la misma cantidad de años en la órbita penal”, continuó el abogado.
La especialización “es buena”, pero la necesidad de evitar el “estancamiento” fue otra de las razones que esgrimieron públicamente ministros de la SCJ para fundamentar el traslado. Sin embargo, el 15 de agosto la SCJ creó una comisión asesora en derechos humanos -la especialización de Mota- para los jueces que no están formados en esa materia. “En la fundamentación para crear esa comisión se dice que es un tema importante y que falta formación en ese tema. Pero a los jueces especializados que tenés los mandás a analizar daños y perjuicios o cheques sin fondos. Eso es una contradicción”, se quejó el abogado.