Hoy se realizará la última reunión de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (FA), que mañana presentará a la presidencia de la fuerza política el primer borrador de programa del FA de cara a un eventual tercer período de gobierno. Este borrador deberá ser en última instancia discutido, modificado y aprobado por el Congreso de la coalición de izquierda, que sesionará en noviembre.
En materia de política económica, el documento mantiene los principales lineamientos definidos por el grupo de trabajo respectivo (ver http://ladiaria.com.uy/ACU5). Siguen en pie las principales orientaciones del actual gobierno y se incorpora como posibilidad la de gravar más a sectores “con ganancias extraordinarias” y a bienes suntuarios, un reclamo del Movimiento de Participación Popular y en particular del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, así como del ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
La propuesta de programa incorpora además los conceptos presentados por el grupo de trabajo sobre economía social y solidaria (ver http://ladiaria.com.uy/ACUR), que propone consolidar al Fondo de Desarrollo mediante una ley. En materia de seguridad, el documento también se apoya en la gestión actual. Propone continuar con las iniciativas de “intervención focalizada e integral, priorizando aquellos territorios que concentran los mayores niveles de vulnerabilidad social, urbana, y que muestran altas tasas de delitos”, al estilo del plan Siete Zonas. “Un proyecto político de izquierda que aborde la inseguridad pública como problema debe plantearse la convivencia como solución y tener como objetivo principal vencer el miedo”, señala el documento. Se propone además continuar mejorando la infraestructura carcelaria.
En buen ambiente
En materia de política ambiental, el documento evita entrar en asuntos polémicos como la política respecto de los alimentos transgénicos o la posición respecto de determinados emprendimientos productivos. Sin embargo, se advierte que “durante el próximo período de gobierno, los planes de desarrollo proyectados generarán un escenario en el que podrían verse afectados los ecosistemas y la población que habita en el territorio”. Por ello se remarca la necesidad de diseñar planes de ordenamiento y gestión ambiental del territorio que acompañen los planes de desarrollo económico y social. Se señala también que “el creciente deterioro de la calidad de las aguas superficiales” es “un desafío a enfrentar mediante un abordaje integral, teniendo en cuenta tanto los aspectos sociales como económicos”. Se define como necesidad la implementación de un Sistema Nacional Ambiental y la formulación de un plan nacional ambiental.
En el mundo
En el capítulo “Inserción Internacional del Uruguay” se ratifican los principios que han guiado tradicionalmente la política exterior de Uruguay -promoción de la paz, defensa del multilateralismo, respeto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho internacional, entre otros-, además de promoverse una “decidida acción antiimperialista y anticolonialista”. En cuanto al vínculo con los distintos procesos de integración, se reafirma la política de los “círculos concéntricos” aplicada hasta el momento por los gobiernos frenteamplistas: primero la relación con Argentina, Brasil y el proceso del Mercosur, después la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y finalmente la Asociación Latinoamericana de Integración y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Respecto del papel del Mercosur, se señala que será la “plataforma” de inserción de Uruguay en el mundo, y se procura revitalizar su agenda externa, mejorar su institucionalidad y reforzar los mecanismos de financiamiento que permitan atenuar las asimetrías. Se advierte que el Mercosur es prioritario y que la eventual firma de acuerdos de libre comercio o la eventual incorporación de Uruguay como miembro pleno a la Alianza del Pacífico “sólo será posible en la medida que no confronte con nuestros objetivos de integración y negociación en el Mercosur”. Además, respecto de los acuerdos de libre comercio, se señala que “los términos en que se acepte negociar áreas tales como normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios o barreras técnicas al comercio no deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes laborales ni su potestad de aplicar políticas públicas para alcanzarlo”.
En cuanto a la relación de Uruguay con China, el documento indica que deberá tener en cuenta “principios de equidad y de respeto a las soberanías políticas y económicas” y se evalúa que el nuevo rol de este país en el mundo puede constituir un “factor de equilibrio entre poderes”. El documento señala también que debe prestarse atención a la relación con África subsahariana.
En momentos en que Estados Unidos evalúa una acción militar sobre Siria, la propuesta de programa del FA reafirma el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en estos casos y reclama una nueva estructura del Consejo de Seguridad, al que “deberán incorporarse países latinoamericanos” para “democratizar las decisiones y superar el quebrantamiento de la legalidad internacional”.
En este marco se analizan también las denominadas “misiones de paz” de Naciones Unidas. “En el sistema internacional actual existen dos modelos en pugna para asegurar la paz mundial: por un lado, el de la seguridad colectiva impulsado por la ONU, y por otro, el basado en las intervenciones unilaterales o en alianzas militares multilaterales relativamente amplias impulsado por los Estados Unidos y varias potencias europeas”, indica el documento. Los redactores fundamentan que la “participación activa” de Uruguay en esas misiones es necesaria porque fortalece “el esquema de seguridad colectiva de la ONU” y es “una forma de adelantarse a intervenciones de otra naturaleza, que terminan generando caos e inmensos costos (en vidas humanas, disgregación social y desestructuración económica) en los países afectados por las mismas”.
Se afirma que se insistirá en el retiro “paulatino y total” del componente militar de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah), en coordinación con las decisiones que tomen al respecto la Unasur y el gobierno haitiano.
En materia de comercio exterior, se sostiene que “es claro dónde han estado los mercados” en los cuales Uruguay debe apoyarse “para mantener el dinamismo de las exportaciones”: “Mientras las exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea se duplicaron entre 2002 y 2011, las correspondientes a Mercosur se multiplicaron por cuatro, y las de China y Rusia, por siete”. Se sugiere además “revisar la política tributaria aplicada a los productos exportables con poco valor agregado y poco intensivos en mano de obra”.
Se sostiene que la Unasur es el ámbito propicio para “la creación de un nuevo sistema arbitral que corrija las deficiencias de tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias [CIADI]”. Uruguay tiene actualmente una disputa con la tabacalera Philip Morris por la política antitabaco ante el CIADI, un tribunal que ha sido acusado de privilegiar los intereses de las empresas frente a los de los países.